08-03-2002 | Discursos
DEBATE PRESUPUESTO NACIONAL 2002 - DIPUTADOS
Intervención del Presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Diputado Horacio Pernasetti.
Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
Sr. Pernasetti.- Señor presidente: durante el tratamiento en comisión del proyecto de ley de presupuesto nuestro bloque lo firmó con una disidencia parcial. Dijimos entonces -y lo repito ahora-; que comprendemos las dificultades del Poder Ejecutivo para la elaboración de un presupuesto en una situación de crisis en la que ni siquiera están aún mínimamente estables las variables económicas más importantes, tal como lo señalara el señor miembro informante. Me refiero al crecimiento o decrecimiento de la economía
argentina, al tipo de cambio, a la tasa de inflación y todas las demás variables que deben tenerse en cuenta para la elaboración de un presupuesto.
Sin duda este es el presupuesto de la crisis y la transición, no sólo porque debe ejecutarlo un gobierno que se ha definido como de transición, sino porque corresponde a la transición de un modelo económico a otro, lo que esta Cámara decidió al derogar el régimen de convertibilidad.
En el marco de estas limitaciones nuestro bloque trabajó para que se contemplaran las inquietudes de todos los sectores y regiones del país,
tratando de analizar cuáles eran los montos mínimos que posibilitaran que este presupuesto fuese realista y pudiera merecer nuestro voto afirmativo en general.
En nuestra opinión tales requerimientos mínimos se vinculan, en primer término, a la relación entre la Nación y las provincias, porque
evidentemente el cambio de modelo también afecta a las jurisdicciones provinciales. En ese sentido, estamos convencidos de que así como debemos dar previsibilidad, estabilidad y tranquilidad a la Nación, las provincias, que conforman la Nación, deben contar con estos elementos para formular sus propios presupuestos.
En el debate en comisión planteamos la necesidad de que aún en la crisis el Congreso de la Nación brindara señales concretas de que hay prioridades, y que ellas son la educación, la salud, los planes de alimento y el empleo.
Merced al aporte que efectuamos todos los bloques pudimos ir mejorando, dentro de lo posible, todas estas asignaturas y diseñar un proyecto de ley
de presupuesto que aunque no es el óptimo es el posible.
Nos preocupamos asimismo por los ingresos. Frente a la brutal caída de la recaudación y debido a la existencia incluso de campañas concretas
promovidas por algunos sectores sociales para no pagar impuestos, me parece que debemos hacer algo en materia impositiva para mejorar la distribución de la riqueza y los niveles de imposición.
En este sentido sostenemos que, es necesario que junto con el tratamiento de este proyecto de ley de presupuesto, la Cámara se pronuncie respecto de dos proyectos de ley que el año anterior presentaron diputados de nuestra bancada.
Uno de ellos se refiere a la eliminación de exenciones en el régimen del impuesto a los bienes personales, a fin de posibilitar que las empresas radicadas en el exterior y que tienen activos en la Argentina lo paguen. Se estima que la recaudación de este impuesto es de aproximadamente 600 millones de pesos. Esta iniciativa cuenta con dictamen de comisión, y
plantearemos su tratamiento inmediatamente después de que se sancione el proyecto en consideración.
También hemos asumido el compromiso político de sancionar un proyecto de ley por el que se modifica el impuesto a las ganancias, eliminando exenciones vinculadas a las transferencias de dividendos, utilidades, royalties u otros
conceptos relacionados con los paraísos fiscales. Sabemos que es un tema complejo, pero exigimos que en la próxima sesión se considere y sancione
esta iniciativa pues podría aportar recursos necesarios para atender las prioridades que hoy nos fija la realidad: educación, salud y trabajo.
En materia de gastos coincidimos con lo expresado por el señor miembro informante. Creemos que se han realizado esfuerzos, pero debemos seguir
haciéndolos. No sólo se requiere disminuir los gastos, sino que es necesario que estos sean eficientes y cumplan de modo acabado con la finalidad prevista. Indudablemente, se debe mejorar la eficiencia en el gasto social.
No podemos dejar de mencionar algunas preocupaciones. Por ejemplo, en el artículo 32 nos preocupa que se destinen al Tesoro nacional fondos que el Congreso de la Nación ha asignado de manera específica a determinadas actividades.
Desde nuestro punto de vista, en una situación de crisis no puede haber bolsones de riqueza y todos debemos colaborar. Sin embargo, no debemos
desnaturalizar el financiamiento de actividades que fueron tenidas en cuenta por medio de la sanción de leyes específicas, como aquellas que destinan fondos a los ámbitos de la cultura, las bibliotecas, el cine, el teatro, etcétera.
Nos preocupa también -en la consideración en particular se debería rever- que por el mismo artículo que he mencionado se afecten 200 millones de pesos de fondos fiduciarios al Tesoro nacional. Esto puede convertirse en un grave
precedente.
El instituto de la fiducia debe preservarse como uno de los pocos instrumentos que puede servir como garantía en el futuro. Una de las
características esenciales del contrato de fideicomiso es la fe en los bienes que se destinan a él. Si hemos planificado obras a financiar con fondos creados por medio de fideicomisos y luego, por una ley de la Nación,
los detraemos de ellos, estamos quitando garantía al sistema y poniendo en peligro la última herramienta de financiamiento legítimo. Por ello
solicitaremos la eliminación de esta toma de fondos de los fideicomisos por parte del Tesoro nacional. Si es necesario, modifiquemos la ley de creación, pero no toquemos el instituto del fideicomiso porque podemos arrepentirnos.
En otro orden de cosas, consideramos que es importante el acuerdo logrado en la Comisión de Educación para el financiamiento de las universidades nacionales, como asimismo que ellas queden incluidas en los regímenes de presupuesto y control de la ley de administración financiera.
Reconocemos el esfuerzo que ya se ha comenzado a ejecutar para pagar este mes parte del incentivo docente que se adeudaba, pero vamos a proponer que
se asegure el financiamiento del incentivo docente no sólo para pagar los importes devengados en 2001, sino también para garantizar por lo menos un semestre del año 2002. Por ello, en el tratamiento en particular nuestros
diputados harán propuestas en este sentido.
En materia de salud nos parece importante la asignación de 169 millones de pesos al Fondo de Provisión de Medicamentos, el mantenimiento del
presupuesto del Instituto Malbrán, los programas de Atención de la Madre y el Niño y la atención primaria de la salud.
En materia de seguridad social compartimos el criterio de incrementar en un punto la contribución patronal para el PAMI. Nos parece que es una solución adecuada y que brindará recursos para normalizar el Instituto, al igual que el aporte a las obras sociales, sin perjuicio de las modificaciones que vamos a plantear en la discusión en particular.
También compartimos la idea que se generó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en virtud de los cálculos que realizó la señora diputada González, en cuanto a imponer aportes a aquellos salarios superiores a 4.800 pesos, que servirán para levantar el piso del descuento correspondiente a los jubilados afectados por el 13 por ciento de reducción; quizás, se pueda
alcanzar un piso de 800 pesos.
Además, debemos ponernos como objetivo la eliminación del descuento del 13 por ciento a todos los jubilados, en función de los recursos que pensamos que ingresarán mediante los impuestos que propiciamos, junto a otros instrumentos que sin duda deberemos desarrollar en el futuro de acuerdo con la evolución de la economía.
Apoyamos el Plan de Emergencia Alimentaria, que se ha impuesto mediante el decreto 108/02, y la asignación de 350 millones a estos fines.
Nuestros diputados también van a plantear su preocupación en cuanto a la necesidad de garantizar uno de los programas sociales directos que más impacto tiene en nuestro país. Me refiero al Plan Social Agropecuario y al Proinder. En este sentido, vamos a tener la colaboración de casi todos los bloques de la cámara, a fin de realizar mayores aportes a estos programas.
También nos interesa plantear la necesidad de otorgar un mayor financiamiento al programa Propasa, a fin de mejorar la calidad de vida de
los pueblos del interior, fundamentalmente en obras de agua potable y saneamiento.
Nuestros diputados también van a plantear la necesidad de que se financie un plan de viviendas para aborígenes, tal como figura en una ley que el
Congreso aprobó. También en nombre de varias provincias reclamamos el cumplimiento de una ley que establece un subsidio para todas las provincias productoras de algodón.
Muchas de estas cuestiones, aunque sea parcialmente, están planteadas en el presupuesto.
Desde nuestro bloque manifestamos nuestra intención de apoyar en general el proyecto de ley, y queremos introducir modificaciones en la discusión en particular, sin perjuicio de que habrá diputados que en razón de su procedencia o de sus convicciones tengan una opinión distinta.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical consideramos que nuestro deber y nuestra trayectoria histórica nos llevan a no poner piedras en el camino de la sanción de este presupuesto. En dos oportunidades el país tuvo
inconvenientes para sancionar un presupuesto; incluso, existieron negativas para la conformación del quórum.
Esas dos épocas fueron presagios de momentos trágicos para la historia argentina; me refiero a junio de 1966, cuando era presidente don Arturo
Illia, y a marzo de 1976, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Esos presidentes fueron derrocados sin contar con un presupuesto.
En función de dicha responsabilidad histórica, estamos sentados aquí para marcar las diferencias, pero vamos a dar al gobierno de la crisis un presupuesto que sirva, y junto a otros elementos indispensables y al trabajo de todos, se podrá enriquecer su ejecución.
También nos parece esencial referirnos al acuerdo que han logrado los gobernadores, ya que ha posibilitado que hoy estemos discutiendo un
presupuesto más realista. Este acuerdo debe ser tomado como la base que establece el inciso 2° del artículo 75 de la Constitución Nacional, que se refiere al comienzo en el Senado de la Nación de la discusión del proyecto de ley de coparticipación federal. El acuerdo permite avances importantes en la relación Nación-provincias.
El primer avance consiste en la eliminación del piso y techo de la coparticipación. No podía ser de otra manera, porque con el cambio de modelo
económico y con una previsión inflacionaria del 15 por ciento, dicho piso afectaba notablemente a las provincias.
Hoy las provincias y la Nación juegan a suerte y verdad con la recaudación, y deberán trabajar juntas para mejorar los ingresos fiscales y para
disminuir la evasión, la elusión y los bolsones de privilegio que pudieran seguir existiendo.
Haber logrado la coparticipación de un 30 por ciento del gravamen a los movimientos bancarios también constituye un hecho importante, al igual que la negociación de la deuda provincial de la fase I del canje.
También debemos dejar en claro ciertos aspectos, ya que algunos medios de prensa están planteando una especie de competencia entre la Nación y las
provincias, en términos casi deportivos. Se dice que la Nación se hace cargo de deudas de gobernadores ineficientes, y esto no es así.
Lo que las provincias están haciendo es delegar la negociación de la deuda en la Nación por una
razón de coyuntura, pero en definitiva aquéllas son las que pagan la deuda, porque a tal fin afectan su coparticipación.
Nos parece importante que en el convenio se haya puesto un límite a las quitas o retenciones que puedan hacer las entidades financieras respecto de
los montos que diariamente se giran a las provincias en concepto de coparticipación.
El Parlamento sancionó una ley que limita al siete por ciento las transferencias, o el llamado goteo, que se hacen a las provincias por deudas
financieras. Los gobernadores han considerado que ese límite debe ser del quince por ciento.
Además, el acuerdo torna de libre disponibilidad muchos fondos que aparecían bajo el concepto de asignación específica. Pero las provincias también
deberán demostrar eficiencia en la administración de esos fondos, de modo que los que estén destinados a vivienda sirvan a ese fin, los que estén asignados a electricidad se utilicen para hacer obras eléctricas y los que se destinen a vialidad sirvan para que se realicen obras viales, en vez de utilizar esos fondos para ampliar la masa de personal o para el pago de las
deudas.
Nos parece adecuado que en el presupuesto nacional se introduzca un nuevo artículo que faculte al Poder Ejecutivo a reordenar las partidas como consecuencia de las disposiciones de este acuerdo que deberá ser convertido en ley y que también deberá ser aprobado por las Legislaturas provinciales.
Nuestro bloque apoya en general la iniciativa en consideración y se compromete a seguir trabajando en los temas que aparecen todavía irresueltos, como la propuesta contenida en el artículo 9° del proyecto referida a la pesificación. Puede quedar así como una expresión de deseos, pero el Congreso tendrá su oportunidad para debatir la cuestión. Cuando discutamos la ratificación del decreto 214 sobre pesificación de las deudas,
en ese momento deberemos introducir las modificaciones que se crean convenientes para asegurar el cumplimiento de las metas presupuestarias y del acuerdo que se ha firmado entre la Nación y las provincias.
Reitero la voluntad de nuestro bloque de votar favorablemente en general esta iniciativa. En el debate en particular propiciaremos las modificaciones pertinentes.
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