31-08-2001 | General

HACIA LA UNION NACIONAL

Versión completa del documento del Plenario de Delegados al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.

I. UNA DECISIÓN DEFINITIVA.

La Argentina ha cambiado. Es otra. A casi dos décadas del inicio del proceso de restauración democrática nos encontramos hoy ante trágicos problemas, que no se alcanzan a cubrir con el respeto a las instituciones de la Nación, ni con la solvencia moral con que el Presidente maneja los negocios públicos. El principal es el de la marginación y la pobreza: millones de hombres, mujeres y niños viven en un estado de pobreza que los empuja cada vez más afuera del sistema y los transforma en una masa humana privada de los más elementales derechos que debe ofrecer la democracia. La brecha entre ricos y pobres -un fenómeno mundial- adquiere en nuestro país una proporción desconocida que acompaña un alto crecimiento de los índices económicos en los sectores más concentrados del capital económico y financiero. La deuda pública aumenta mientras crece el desequilibrio externo y el déficit fiscal.
Las conquistas sociales que permitieron dignificar el trabajo y otorgaron a los ciudadanos la posibilidad de vivir de su tarea y, a la vez, sentirse miembros de un proyecto nacional con un futuro previsible, han sido avasalladas. El bien común, como valor intrínseco democrático, fue abatido por el dios del mercado.
Es indispensable concretar en la Argentina una nueva situación de auténtica cohesión nacional con fuerte vocación integradora de la región. Para lograrlo, es imprescindible plasmar, en una convocatoria a la convergencia política, espiritual, social y económica, un programa esencialmente transformador y emancipador, que supere los esquemas cerrados y los enfoques dogmáticos.
El nuevo cambio estará caracterizado por una lucha hacia la igualdad desarrollada tanto en los países centrales como en los periféricos y entonces sí, aunque en un sentido distinto al que pretenden los sectores “satisfechos”, a lo mejor será preciso cuidar la libertad, frente a posibles explosiones de los pueblos o la aparición de nuevos “mesianismos”. De todos modos, éste será el siglo de la búsqueda de la igualdad.
La democracia produjo severos desencantos. Se ha hablado de los déficit en materia de autogobierno y de igualdad así como de deformaciones en los sistemas de representatividad, demoras en el tránsito a la democracia social y fallas en la educación para la ciudadanía.
Este es el núcleo de una ética de la solidaridad. La libertad equitativamente distribuida implica el deber de mejorar la situación de los menos favorecidos. Supone además, un enfoque amplio de los derechos humanos. Ellos se violan no sólo por agresiones directas sino también por la omisión de proporcionar los recursos para una vida digna y autónoma.
La asunción de los derechos del hombre como valor aglutinante es lo que permitirá la convergencia de hombres y fuerzas provenientes de diversas tradiciones políticas que de un modo u otro, a pesar de las discrepancias y enfrentamientos, han venido luchando por plasmar en realidades sociales los valores de la democracia, que permitieron el surgimiento de la civilización contemporánea, que aún la sustentan y que deberán ser también los que orienten y den sentido a su futuro.
Será necesario abordar el cumplimiento de la unión nacional con una férrea lealtad y comunicación con las bases populares, de otro modo el esfuerzo será inútil. El enemigo identificado más adelante es demasiado poderoso y procura cortar definitivamente los lazos entre la sociedad y su representación política.
No será posible mantener en alto un espíritu cívico, cuando la solidaridad y la convivencia se ven alterados cotidianamente y la identificación de los individuos con la nación se degrada al extremo de desdibujar el vínculo que necesariamente debe unir al ciudadano con su país, con su lugar de origen, con su patria.
Se ha convertido a la Argentina en un mercado del que debe fluir dinero desde arcas exhaustas en un proceso que nada tiene que ver con el crecimiento, con el bienestar humano, con la solidaridad y naturalmente, con la independencia. El rumbo que se ha tomado no conduce al bienestar sino a la destrucción de los principales valores que sustentaron la ilusión emancipatoria de un sistema que buscaba la inclusión social y que hoy expulsa a seres a los que se les niega hasta el futuro. El mundo de los negocios es intrínseco al mercado y está bien que así sea, pero ninguna economía sana puede estar basada en la miseria de las mayorías. Si permitimos que se adueñe de la Argentina un capitalismo prebendario, especulativo y usurario que no genera riqueza porque no produce nada, no podemos esperar comprensión de un pueblo que ya ha soportado demasiado.
Usualmente se dice que la política es el arte de lo posible (aquí en el sentido de que hay que comprender que existen dificultades insalvables para lograr un objetivo deseable). También se dice que es el arte de hacer posible lo imposible, lo que resulta poco más que una frase ingeniosa que en realidad se refiere a la actitud de no omitir diligencia para el logro de lo que se intenta.
Sin pretender efectuar una definición, que como bien sabemos son peligrosas, la tesis que sostenemos es que un concepto fundamental al que debe atenerse el político progresista, es no considerar a lo probable como inevitable.
En otras palabras, no suponer jamás que lo malo que “parece que se viene”, es forzosamente ineludible y saber que la lucha que podemos emprender para evitarlo, es necesariamente inexcusable, por lo que hay que huir obligatoriamente del pesimismo culposo del ¿para qué?
Debemos comprender que nuestro deber no se agota con respuestas cabales frente a episodios definidos por una agenda que casi nunca determinamos. La necesidad es inmensamente mayor y no puede limitarse a tomar posiciones correctas frente a hechos aislados. Debemos profundizar nuestras convicciones, si se quiere a través de un esfuerzo filosófico que defina lineamientos claros que superen la coyuntura.
Debemos ganar la batalla cultural, es decir, la batalla ética. Hay que derrotar a la antipolítica. Cada vez con más fuerza se nos quiere hacer creer que la política es innecesaria y hasta inconveniente, que cada uno, sin interferencias del Estado en el mercado pueden obtener lo que a través de su esfuerzo, se merece. Que hay que terminar con los que se aprovechan de los exitosos a través de distintos planes de ayuda social que generalmente amparan la desidia de quienes no aceptan su propia responsabilidad en la construcción de su futuro. Hay que responder con indignación que por ese camino vamos a la desintegración social y consecuentemente a la injusticia irremediable, porque la extrema pobreza no es el resultado de elecciones de vida
Reiteramos: no tenemos derecho a considerar lo probable, como inevitable. El único camino es recuperar una cultura basada en la solidaridad, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el rechazo a los privilegios, en el repudio a la indecencia y a la discriminación, en la participación que rechaza la exclusión, en la defensa de la identidad nacional y cultural que presupone la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Debemos rechazar la violencia organizada y procurar en cambio la construcción de consensos superadores de antinomias, sectarismos y dobles discursos.
Tenemos que sentirnos convocados por un proyecto que esté fundado en el diálogo, en el aporte libre de ideas para alcanzar el bienestar común. Hay que trabajar para concretar una unión nacional, cuya magnitud y naturaleza podrá observarse con el transcurso del tiempo, porque no debiera tener una extensión inferior a los diez años para hacerla políticamente confiable y previsible en el largo plazo y en la que participen las fuerzas sociales, económicas y espirituales, conjuntamente con los partidos políticos dispuestos a evitar discusiones electoralistas, para volcar las convicciones comunes en una única empresa nacional, en el marco de las instituciones de la Nación y en el respeto de las respectivas individualidades. Con esa preocupación, la U.C.R. se permite someter a la discusión pública un conjunto de ideas como un aporte al debate público indispensable, por lo que no ha querido considerar aspectos sectoriales, que serán motivo de las respectivas discusiones.

II. DEFINICIONES BÁSICAS.

EL ESTADO

Dos premisas definen la posibilidad de ser un Estado-Nación: la autodeterminación en el orden internacional y su autonomía en el campo interno. No es solamente un aparato de gobierno: engloba el conjunto del campo institucional, es decir a las propias instituciones que lo estructuran y tienen el poder de decidir en su nombre, principal o secundariamente, y a la colectividad gobernada, porque el poder y la sociedad son indisolubles, razón por la cual no puede ser omnipotente.
Actualmente, pareciera que los sectores poderosos de adentro y de afuera ya no se preocupan por obtener ciertos equilibrios que hicieran tolerable su hegemonía, sino que procuran, en las tesis de moda, debilitar al Estado hasta el punto de convertirlo en gerente de sus propios intereses y lograr que deserte del cumplimiento de sus misiones esenciales.
Así, el Estado -que efectivamente fue ineficiente- Ahora pretenden que sea irresponsable. Irresponsable con los pobres, con los enfermos, con los ignorantes, con los marginados, con los ancianos y con los chicos, a merced de poderes fácticos que le imponen sus condiciones sectoriales y que terminan devorándolo.
Hay que reconstruir el Estado, para que esté en condiciones de cumplir sus fines y dar respuesta a los problemas más agudos que se presentan a nuestra sociedad. No queremos un Estado omnipresente, sino democrático, capaz de defender el bien común.
Hace también a una concepción ética convenir en que el Estado debe proteger al individuo contra la coacción del poder económico y a la sociedad contra la coacción de las masas si su accionar supera la legalidad. Es la protección frente a los fundamentalismos, frente a los extremismos, frente a los populismos y la violencia.

LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD

Para garantizar el concepto moderno de libertad se necesita la democracia, basada, en las libertades que concede la República, a las que se añadieron las libertades positivas propias del principio de igualdad.
Hemos sostenido que la democracia es diálogo y comunicación, que a su vez es el reconocimiento del otro como diferente y opositor. Esta comprensión es un consenso fundamental que definitivamente se consustancia con la idea de la libertad. La democracia institucionaliza este tipo de relación. Lo que expresa su intensidad es la profundización del diálogo entre diferentes. Lo que hemos llamado búsqueda del consenso, en el marco de lógicos disensos.
El interés de cada ciudadano se vincula y en definitiva depende del interés general, por lo que debe contar con la oportunidad de conocer igualitariamente las cuestiones a discutir. El principio de igualdad rechaza toda práctica tendiente a la desinformación y a la manipulación que siempre inciden tramposamente en la toma de decisiones. El derecho a las libertades individuales se relativiza si dejamos de preocuparnos por la igualdad. Igualdad política que supone distribución económica y distribución del conocimiento.
Debemos ser incansables en el empeño de lograr consensos suficientes para garantizar la convivencia, pero con una condición: que presupongan o establezcan los límites a la igualdad que están dispuestos a tolerarse. Y sólo serán aquellos que no lesionan la dignidad humana y expresan un rumbo hacia la igualdad de poder político.

LA GOBERNABILIDAD

Existe una forma de entender la gobernabilidad, restringida y sesgada, que la limita al control de los reclamos económicos y sociales frente a demandas que son consideradas incumplibles. Para esta perspectiva, que se expresa tanto en la política como en el campo académico o cultural, el disenso resulta una amenaza. Algo que debe ser suprimido. Se impone así una política de confrontación.
Curiosamente, esta concepción estrecha basada en falsos consensos que destruyen convicciones e ideales, ha prohijado y contribuido a generar los más abultados y gravosos desequilibrios en nuestra estructura social, productiva e, incluso, nuestra integridad nacional.
No se logrará jamás la gobernabilidad si se procura una suerte de domesticación del pueblo para que deje de exigir participación y conocimiento de lo que se hace. Esta es la mejor forma de generar anomia, que puede conducir al desinterés o a la violencia.

LA EDUCACIÓN

Hay que garantizar la gratuidad de la educación estatal en todos sus niveles, derecho constitucionalmente consagrado que parte de la mejor tradición histórica que se inaugurara con las escuelas colegios y profesorados del siglo XIX y con la reforma universitaria de 1918. Esa educación fue uno de los factores fundamentales para que nuestra patria sea un suelo de igualdad de oportunidades y de integración social.
Es necesario destacar el valor estratégico de la inversión pública en la educación básica y superior, en investigación científica y tecnológica, como condiciones necesarias para el desarrollo económico, social y cultural, con igualdad y justicia.
Sin la educación es imposible tener futuro, de ella depende el desarrollo de una cultura democrática, la formación de hombres y mujeres aptos para dar respuestas a los crecientes desafíos de los cambiantes y complejos sistemas de producción. Se trata de educar para la libertad y de educar para el cambio. De ayudar a formar seres libres y responsables y además capaces de asumir las nuevas formas de trabajo y convivencia que impone nuestro tiempo, para terminar más rápidamente con el flagelo de la desocupación.
Hay que comprender que estos dos objetivos se vinculan y no pueden ser encarados separadamente. La democracia como cultura y como orden institucional, necesita asegurar su propia continuidad asentándose sobre bases de desarrollo y de progreso. Estas bases, por su parte, sólo pueden construirse auténticamente en un régimen de libertad que garantice vastos márgenes a la innovación y a la creatividad individuales.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA PARTICIPACIÓN

Por centurias, el grave problema que a los demócratas restaba resolver era el de la dimensión: encontrar la forma de aplicar la teoría a la escala de una gran nación. De esta búsqueda surgió la representación política.
El sistema de partidos debe responder de manera genuina y fecunda a las transformaciones culturales y las demandas sociales.
Se hace indispensable comprender que deben ser parte de un todo y no compartimentos estancos en los que el diálogo propio de la acción política sea inviable. Debe entenderse definitivamente que la política es diálogo. Si así no fuera, sería violencia. Así como que exige “moral interna de derecho”, que requiere generalidad, publicidad y claridad de éste, y congruencia entre la acción oficial y los contenidos de las reglas.
Enfrentamos una batalla cultural, porque cada vez son más numerosos los grupos ostensiblemente antidemocráticos que afirman que los técnicos deben abandonar su papel de simples asesores de los políticos, y determinar independientemente la agenda y las resoluciones del Estado. Si la política se limitara a la administración, en vez de procurar resolver los problemas del presente y discutir el futuro, y los asuntos complejos fueran resueltos por los técnicos sin debate alguno, mientras los ciudadanos se ocupan de sus asuntos privados, sin noción de pertenencia y responsabilidad, y no se sintieran ligados a una cultura y a una historia, la democracia tendería a desaparecer debido a la carencia del diálogo y a la inexistencia de control sobre el poder.
En otro terreno, se ha criticado los acuerdos entre distintos partidos políticos que, se dice, pueden diluir los principios de cada uno y concluir en definiciones ambiguas. El problema, tiene características distintas: los acuerdos interpartidarios comienzan a hacerse necesarios, para adquirir la eficacia imprescindible a fin de defender los componentes democráticos de la institucionalidad, sobrepasados por la influencia de los sectores económicos más importantes y por los medios de difusión que se ponen a su servicio.
El sistema de representación no excluye formas de democracia directa, ni procura la búsqueda de consensos que destruyan proyectos políticos fundamentales. No hay sociedad democrática sin disenso y su ejercicio debe superar los niveles más restringidos de la decisión gubernamental, para alcanzar los de la vida cotidiana, en una búsqueda común de solidaridad, racionalidad, y creatividad a fin de resolver las distintas urgencias que enfrentamos. Las decisiones deben ser asumidas como resultantes de consultas que se articulan desde los niveles más elementales hasta los más complejos, a través de una cadena ininterrumpida de discusión y control ciudadano.
La sociedad democrática no puede ser una sociedad anárquica ni caótica. Es, por el contrario, la única funcional a la preservación de los valores básicos que ha instaurado y la única que evitará los riesgos de la ingobernabilidad.
Es la sociedad que rechaza las negativas irreductibles, repudia las oposiciones destructivas, supera viejas antinomias en el espacio común de “lo público”, que reclama la inclusión que permita el control ejercido de los actores sociales sobre el poder político.
El ejercicio responsable de las divergencias y las oposiciones supone un consenso básico entre los actores sociales, esto es, la aceptación de un sistema de reglas de juego compartidas. El disenso democrático implica, pues, como condición de su ejercicio, un orden democrático.
Pero este orden democrático no debe ser concebido exclusivamente como un límite a las iniciativas de los actores políticos individuales y colectivos. Por el contrario, dicho orden debe definir las modalidades legítimas positivas de la participación política. O, si se quiere, promover e instaurar una relación de reciprocidad en virtud de la cual los actores, al tiempo que se avienen a compartir un sistema normativo común, adquieren el derecho y asumen el deber de intervenir activamente en la adopción de las decisiones políticas.
La democracia participativa, la ética solidaria y la modernización de las estructuras sociales constituyen una base sólida para un proyecto que pueden adoptar mancomunadamente sectores políticos y sociales diferentes.
Este es el camino y éstos los principios que nos permitirán escapar de las acechanzas de las retóricas reaccionarias y la polarización social y avanzar hacia la verdadera modernización de nuestras estructuras y el aprovechamiento de nuestros recursos para el desarrollo, la autonomía y la integración.

LA INTEGRACION REGIONAL

Debemos asumir que el proceso de globalización es irreversible y que debe ser incorporado con inteligencia en la política de nuestra nación. La globalización se convertirá en un instrumento positivo y progresista en la medida en que se transforme en solidaria y esa internacionalización económica, política, social, jurídica y cultural, esté principalmente orientada a lograr el bienestar de los humildes. Decir globalización será entonces decir sin mentir, interdependencia entre los pueblos, corresponsabilidad en la función de gobernar con equidad social, oponiendo un frente común a la injusticia, revalorizando a la política y a los partidos políticos como instrumentos de poder ciudadano ante la arrogancia de los mercados y los tecnócratas. Será instalar, frente a la globalización hegemónica, una globalización equitativa, integradora y responsable, respetuosa de las identidades nacionales, de su cultura y de sus intereses políticos y económicos.
Afianzamiento de la democracia, revalorización de la política, alianza entre las naciones para fortalecer nuestra identidad latinoamericana, son los principales ejes de una estrategia común.
No parecería razonable limitar el proceso de integración a la mera búsqueda de metas cuantitativas -ampliar el mercado- por cuanto eliminaría la posibilidad de que dicho proceso sirva de sostén material para un salto cualitativo hacia la satisfacción de necesidades subregionales.
Debe rechazarse el llamado pensamiento único y la visión fundamentalista de la globalización, al mismo tiempo que procurar el reconocimiento y comprensión de los problemas de cada país. Son necesarias acciones concretas respaldadas por un compromiso político total de los Estados Partes con el proyecto de integración, tales como la profundización de la coordinación de políticas macroeconómicas; la armonización de las políticas tributarias que afectan el comercio intrazona, en especial los impuestos indirectos, para superar las asimetrías y distorsiones y alcanzar una mayor integración de los mercados; el perfeccionamiento institucional del MERCOSUR para asegurar la eficacia de los instrumentos comunes.
Una región democráticamente fuerte en sus instituciones es una garantía de paz, de estabilidad y ofrece un marco apropiado para encarar las diversas necesidades sociales. En ese contexto, debe perseverarse en el impulso de una política exterior basada en la solidaridad, la justicia universal, la defensa de la democracia y de la paz y de los derechos humanos.
En definitiva, debemos comprender, para defender el MERCOSUR, que la historia demuestra que los procesos de integración, si no se sostienen en la legitimidad que otorga la activa participación de la ciudadanía, se estancan o fracasan. La construcción de un mercado no debería ser un fin en sí mismo. El objetivo buscado debería ser que el proceso de integración contribuya al desarrollo integral: económico, ciertamente, pero además, social, político y cultural.

EL CAPITAL SOCIAL

Es en la cultura, que da sentido y contenido a las instituciones y al desarrollo, entendido como crecimiento económico y afirmación de la justicia social, donde hay que cimentar la democracia. Es la cultura la que define la orientación ética de la sociedad, de acuerdo a sus juicios valóricos.
La cultura, y consecuentemente la ética, se consustancian asimismo con lo que recientemente se ha denominado el capital social de una sociedad y que ha comenzado a tenerse en cuenta como factor del desarrollo. Es entonces a través de la cultura, que además da sentido y contenido a las instituciones y al desarrollo, entendido como crecimiento económico de todas nuestras fuentes de riqueza como Nación y afirmación de la justicia social, donde hay que cimentar la democracia.
Desde esta valoración ética, se puede incorporar a la concepción del capital social al llamado sector social de la economía, particularmente en tiempos en que la tecnología desplaza del trabajo al hombre. Mencionemos al cooperativismo; al mutualismo y por extensión a las organizaciones no gubernamentales que procuran concretar diversos objetivos generalmente exclusivos a través de una decidida voluntad asociacionista con auténtica vocación de servicio, complementando o exigiendo determinadas acciones por parte del Estado o los partidos políticos.
En definitiva, el futuro depende de nuestra disposición para la lucha en todos los campos por volver a ser una nación, definiendo objetivos comunes y desechando toda forma de extremismo, violencia y demagogia.

III. HAMBRE CERO. GARANTIZAR UN INGRESO EN CADA HOGAR

Debemos proponernos hambre cero, es decir un ingreso digno para cada hogar. Sólo así, podremos luchar contra la pobreza y la desesperanza. La primera prioridad en una política de igualdad de oportunidades es una buena alimentación para todos. Con hambre o miedo a tenerlo mañana no hay mucho margen para la elección, la reflexión, para la actividad política.
Ante la falta de futuro o el miedo al futuro, las propuestas deben ser formuladas desde una política solidaria. De lo contrario serán inconducentes.
Las estrategias que proponemos parte de definir los grupos sociales que prioritariamente deben ser motivo de una política de estado. Los programas se irán implementando gradualmente debido a los problemas operativos y a las limitaciones de financiamiento, por lo que proponemos las medidas que a continuación se mencionan, con un costo total que no alcanza a los 1.800 millones de pesos por año.
El financiamiento de esta política requiere una indispensable lucha contra la elusión y la evasión. Pero no se puede esperar a que las respectivas medidas den resultados inmediatos. En consecuencia, en los inicios de las mismas, debe producirse una fuerte reestructuración del gasto social. Basta tener en cuenta que los 69 programas sociales de la Nación contaron en el año 2000 con 3.600 millones de pesos.
Somos conscientes de que lo que proponemos es sólo un primer paso. Debemos responder también al resto de desempleados y subempleados que luego de una jornada no pueden satisfacer necesidades elementales. Pero nadie puede dudar que una sociedad que no es capaz de llevar a cabo una política social del tipo que sugerimos, no puede pretender resolver otros desafíos mayores.

JEFES DE HOGAR

Es el grupo de desempleados en peor situación. En sus hogares no sólo se reduce o desaparece el ingreso sino que se deteriora la salud física y psíquica y la integración del grupo familiar. Los jefes de hogar desocupados con hijos menores de 14 años rondan los 260.000 de los cuales 60.000 son mujeres. Se les debe brindar oportunidades de educación y trabajo, ya sea facilitando que completen el nivel primario y secundario o generando proyectos de capacitación. Se propone un ingreso mensual mínimo de 150 pesos y una contraprestación de 4 horas diarias de actividades sociales o formativas.

ANCIANOS

El número de personas de 70 años sin cobertura previsional es de alrededor de 300.000. No pueden tener un beneficio menor de 100 pesos mensuales.

NIÑOS

Son 5.400.000 los niños menores de 15 años cuyos padres no reciben asignaciones familiares. Se propone, en una primera etapa, una cobertura para niños hasta 10 años de edad y un beneficio promedio de 33 pesos por hijo, además de las acciones que pueda realizarse en el campo específicamente nutricional y de salud.

JOVENES

Un alto porcentaje de jóvenes se encuentran desempleados y sufren a través de la exclusión un proceso de desintegración con penosas manifestaciones.
La solución provendrá del crecimiento del país, y de la voluntad de facilitar el primer empleo, pero es necesario encontrar paliativos en la coyuntura con una mayor inclusión al sistema educativo, tal como se sostiene en el apartado específico.


IV. CORRECTO PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN

Es necesario el sostenimiento del piso presupuestario actual para las universidades nacionales públicas sin recortes ni subejecuciones, así como la renovación del Fondo Nacional de Incentivo Docente; ambas garantías mínimas para asegurar el desarrollo de los ciclos lectivos en todos los niveles de la enseñanza.
Ante la situación fiscal por la que atraviesa nuestro país, para garantizar lo anterior, proponemos: 1- Aumento de la alícuota del impuesto a las ganancias y a los bienes personales a todos los contribuyentes cuya ganancia neta sujeta a impuesto y/o total de bienes sujetos a impuesto supere los $ 90000 (pesos noventa mil) o el $ 1000000 (pesos un millón) respectivamente, 2- Aplicación de una sobretasa a los impuestos vigentes a los objetos suntuarios, como bebidas alcohólicas exceptuado el vino, automotores de lujo, cigarrillos y otros.

V. CRECIMIENTO: UNICA FORMA DE SUPERAR LA CRISIS ECONOMICA

La realidad nos muestra un país inmerso en una profunda y prolongada contracción de la actividad productiva, que cada día se acerca más a la temida crisis de los años 30. En efecto, desde junio de 1998, es decir bastante antes de asumir el gobierno de la Alianza, la producción cayó un 12,5%, la construcción 19,1%, el consumo interno medido por la caída en las ventas por metro cuadrado de los supermercados un 30,2% y la de los centros de compra un 44,7%.
En ese mismo período la desocupación aumentó del 14,5% (mayo 1999) al 16,4% en mayo del 2001, lo cual significa 600.000 nuevos desocupados, mientras la inversión real caía un 26%.
Este deterioro en el empleo y la inversión pone de relieve que estamos debilitando las bases mismas de nuestro potencial de crecimiento futuro, envueltos en un círculo perverso de recesión económica, menor recaudación impositiva, más ajuste fiscal, más recesión, menor recaudación, más ajuste y más recesión.
Esta dura realidad se ha intensificado en los últimos 6 meses. Los depósitos bancarios del sector privado cayeron 9.900 millones (un 15,3%), los préstamos del sistema bancario al sector privado, 4.300 millones (7,2%) y las reservas internacionales líquidas del Banco Central un 43% (11.400 millones de dólares).

LA DEUDA PUBLICA

La crisis económica tiene como telón de fondo dos realidades. Primero, hemos perdido competitividad internacional como resultado de la devaluación de la moneda europea, del real brasileño y recientemente de la moneda chilena. Aunque el gobierno intenta superar el problema mediante planes sectoriales de competitividad, falta, sin embargo, definir una estrategia para enfrentar la segunda realidad. Nos referimos al peso de la deuda pública, que obliga a efectuar el ajuste interno que impide salir de la crisis. Desde fines de 1992, la deuda del Gobierno Nacional aumentó de 62.400 millones de pesos a 125.500 millones en marzo de 2001. En 1992, la carga de intereses era de 3.600 millones de dólares y sólo representaba la mitad de la masa salarial del Gobierno Nacional. En 2001, el pago de intereses aumentó a 11.500 millones y casi duplica la masa salarial del gobierno.
Esta cruda realidad debilita la credibilidad de la propuesta del déficit cero, acrecienta la conflictividad social, tiende a desproteger a las provincias y por encima de todo, impide dar respuesta a la imperiosa necesidad de reactivar la economía.

REESTRUCTURACIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA PUBLICA

No existe otro camino para alcanzar un crecimiento sostenido que reestructurar consensuadamente el pago de la deuda pública. Esta aspiración es hoy reconocida por los organismos internacionales de crédito y los países avanzados que integran el grupo de los 7. Ellos también plantean la interacción entre la reprogramación de la deuda y el crecimiento sostenido de la economía argentina.
Esta reprogramación de los pagos debe basarse en los siguientes principios:
· Presentar una estrategia que afirme la posibilidad de consensuarla. Cuanto más se demore este plan, mayor es el riesgo de diluir el consenso y acercarnos a una negociación no voluntaria de la deuda.
· Para ello se requiere que los organismos internacionales, los gobiernos de los países avanzados y los mismos acreedores aseguren un financiamiento que permita dar una cobertura de garantías adecuadas. Los 3.000 millones anunciados por el FMI constituyen una señal, pero son claramente insuficientes para una deuda pública nacional que supera los 130.000 millones.
· La reestructuración debe hacerse a un costo financiero altamente inferior al del megacanje (15% anual).
· Es esencial lograr un período de gracia de capital e intereses, lo suficientemente amplio como para cumplir no sólo con el objetivo del déficit cero sino también para generar las condiciones de un crecimiento sostenido.
Por supuesto, la reestructuración de los pagos de la deuda es una condición necesaria pero no suficiente para lograr un crecimiento sostenido. Se requiere además, dar respuesta a dos asignaturas pendientes en el campo de la reforma del Estado. En primer lugar, como hemos señalado, poner fin a la evasión y elusión impositiva. En segundo lugar, mejorar la eficiencia del Estado en el manejo del gasto público nacional y de las provincias.

Sólo a través de una acción conjunta que multiplique la voluntad de cambio que exige la gente y que nosotros, los dirigentes, tenemos que tomar como bandera, podremos sacar a nuestro país de las condiciones lamentables en que se encuentra.
Y tienen que ser los que más tienen los que más aporten. No sólo por un elemental concepto de equidad, sino porque la situación es tan crítica que ellos también están siendo afectados y lo serán aún más si no producimos un cambio.

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