30-06-1998 | General
LA ARGENTINA DESPUES DE LAS INUNDACIONES: ¿QUE HACE EL ESTADO?
CONCLUSIONES
Ante la convocatoria realizada por la Unión Cívica Radical, para debatir acerca del Rol del Estado y las Políticas Públicas para atender las zonas afectadas por las inundaciones, se reúnen en la Ciudad de Santa Fé los días 26 y 27 del mes de junio de 1998, productores agropecuarios y de otros sectores de la actividad económica regional, representantes de O.N.G., dirigentes de entidades intermedias: sociedades rurales, federaciones agrarias y centros comerciales, representantes de colegios profesionales, miembros de comités de cuencas, docentes e investigadores de Universidades Nacionales, representantes de Municipios y Comunas de la Pcia. de Santa Fe, Legisladores Nacionales y Provinciales de las Provincias de Santa Fe, Formosa, Chaco y Entre Ríos, miembros del Gobierno de la Provincia de Chaco, dirigentes y militantes políticos de los partidos integrantes de la ALIANZA, los que como colofón de la discusión realizada, expresan las siguientes conclusiones:
1. Una nueva gran inundación se dedicó en nuestro país, afectando más de la tercera parte del territorio nacional, la misma como en otras Oporto tantas oportunidades impacto directa y negativamente a la estructura social y productiva de la región. Cobró víctimas humanas, más de 100.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, se anegaron ciudades, se perdieron viviendas y una significativa parte de la producción agropecuaria se vio afectada, se destruyó gran parte de la infraestructura básica de comunicación, a pesar que el fenómeno había sido pronosticado con seis meses de antelación.
2. Por otra parte, resulta Intento prescindible destacar, que las últimas inundaciones no constituyen un hecho aislado para la región; la cual ya se había visto sometida a múltiples situaciones de gravedad semejante, las que fueron originadas por otras causas y hasta de características opuestas, se tienen presente los frecuentes arrendamientos de las cuencas interiores de nuestro territorio, y también se tiene presente situaciones de déficit hídrico que han llegado a enfrentar comunidades para asegurarse un mínimo abastecimiento de agua necesaria para consumo humano.
3. Las situaciones preceden temen que descritas han implantado a un conjunto social, fuertemente saqueado en la sostenible libertad de sus actividades, degradado social y económicamente producto de un proceso de concentración del ingreso y de la propiedad, con altos niveles de endeudamiento, lo que les implica una baja o nula capacidad de crédito para recomponer sus activos productivos, con altos niveles de desocupación y sub utilización de la estructura productiva, agudizando los problemas sociales como la desocupación, desarraigo, la interrupción de las actividades educativas, etcétera.
4. Ante ese complejo escenario el gobierno nacional demostró la carencia de una política integral y una adecuada planificación estratégica. Las situaciones no son un problema provincial como han declarado en más de una oportunidad funcionarios nacionales. Un estado nacional que no asuma esta problemática como propia, un estado nacional que se desprende de las funciones básicas encomendados por la sociedad, un estado nacional que no asume su responsabilidad en materia de salud, de educación, de asegurar mínimas condiciones para que las economías regionales puedan crecer y desarrollarse, temporal contener a su población asegurándole Tonalidades de empleo y evitar la migración por hambre, que transforma en unidad de negocio el patrimonio natural, un estado nacional que asume el "laissez-faire" como estandarte, dejando en manos de una supuesta fuerza de mercado, roles que de ninguna manera puede transferir, es un Estado Nacional que pierde su sentido fundacional.
5. Se sostiene la necesidad de un estado que planifique estratégicamente, que sea capaz de diagramar políticas activas, que apele a la participación ciudadana para la toma de decisiones estructurales y que descentralice la ejecución de las acciones a las regiones captando y asignando los recursos suficientes para llevar a adelante dichas políticas.
6. En lo que hace a las políticas a incrementar es evidente que una discusión detallada de las mismas requiere de la profundización del debate aquí iniciado. Para ello se deberá dar continuidad a la acción iniciada tendiendo a la elaboración de un plan de desarrollo regional; sin embargo existen algunas pautas básicas para lograr el ordenamiento necesario y que se pueden sintetizar en las siguientes:
Pautas básicas
1. Que los ríos tienen crecidas periódicas de variada intensidad es un hecho natural, agravado en intensidad y/o frecuencia como consecuencia de las acciones antrópicas indebidas en las cuencas de los mismos y debe ser aceptado como punto de partida para cualquier política que se establezca en las regiones a las que estas crecidas pueden alcanzar.
2. Que a medida que las vías naturales de evacuación sean intervenidas por una ocupación inadecuada, los efectos de impactos de estas inundaciones se ven atrapados en forma notable, por lo que resulta en imprescindible establecer una política que ordene la ocupación del territorio.
3. Que una condición de borde insoslayable está constituida por la imposibilidad de erradicar asentamientos poblacionales de gran magnitud y con una infraestructura ya desarrollada, lo que lleva inevitablemente a construir defensas penetrantes alrededor de las mismas. Sin embargo deben agotarse los esfuerzos para relocalizar aquellas comunidades que por su frecuencia de afectación se transforman en "inundados cuasi permanentes" o porque su ubicación está en lugares de alta interferencia del sistema.
4. Que en las poblaciones que vivan en zonas protegidas, existe siempre un riesgo potencial de afectación. La población debe estar convenientemente informada de este hecho y deben formularse los planes para una posible evacuación masiva. Asimismo deben incorporarse acciones educativas dirigidas a la población en su conjunto para la preservación de las obras.
5. Que existen en nuestra región amplísima zonas cuyas inundaciones son provocadas por los excesos de precipitación y por la insuficiencia en la red de drenaje natural de las mismas, que en estas zonas pueden aplicarse conceptos equivalentes a los mencionados para las zonas ribereñas. Es decir que las inundaciones son generalmente agravada por obras de infraestructura inadecuadas y que deben existir zonas que por su frecuencia de inundación o por constituir sitios de almacenamiento o amortiguar son importantes, no deben ser ocupadas por actividades que degraden o desvirtúen su función natural, y otras cuyas actividades deben ser condicionadas al riesgo a las que están sometidas.
6. se debe tener especialmente en consideración que es más económico y racional manejar una cuenca a fin de protegerla que remediar los problemas de su mal uso. En razón de ello la gestión ambiental debe ser necesariamente integrada a la planificación de su uso y a todos los procesos de obras de infraestructura que se desarrollen en la misma
7. Que cualquier obra de infraestructura que se realice en el futuro deberá respetar estas pautas, armonizando obras de drenaje con obras viables y obras de almacenamiento, respondiendo a criterios de manejó global e integrado por cuencas y uso sustentable del sistema.
8. Se debe tener especialmente en cuenta el carácter alternando de los procesos de inundación y sequía, y que un uso ordenado y adecuado de los espacios territoriales significa efectos positivos sobre el sistema que puede superar el de las obras de infraestructura.
9. Que las comunidades establecidas en este tipo de zonas, deberán contar con una infraestructura básica, que respetando el medio natural puedan resistir los eventos extremos, y de apoyos especiales, de manera de poder desenvolverse económicamente en esos mismos periodos, si es que no queremos producir una despoblación de las mismas.
10. Que con una vigorosa participación de las comunidades locales las obras que se ejecuten deberán estar armonizadas, de manera de no generar conflictos entre ellas. Pero ello se requiere la ya mencionada planificación global, concertada a nivel de autoridades de cuencas.
11. Ese necesita establecer un sólido marco legal que regule el uso, el aprovechamiento, la preservación y la recuperación de los recursos naturales, determinando claramente las competencias de las autoridades de aplicación e incorporando a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión y control.
12. Que se establezcan programas que alienten el desarrollo de las economías regionales, promoviendo la generación de valor agregado en el lugar de producción.
13. Que se incrementan políticas fiscales y crediticias, compatibles con las actividades económicas llevadas a cabo en cada región, y las situaciones de emergencias a las que se encuentren expuestas.
14. Que sea el Estado quien asuma el rol director y articulador de los actores sociales frente a la crisis, analizando el conjunto de los esfuerzos comunitarios e involucrando a las organizaciones sociales intermedias que colaboraron históricamente en la asistencia ante las emergencias.
15. Que se contemple la diversidad de las realidades sociales al proceso educativo, adaptando la infraestructura y la organización del sistema educacional para hacer frente a eventuales fenómenos de estas características.
16. Que es necesario incorporar los aportes de organismos internacionales como la OMS y la UNICEF con experiencias en la atención de fenómenos de catástrofe en las planificaciones de las acciones a llevar a cabo.
17. Se sostiene que la acción social nunca es aséptica, sino que está atravesada por valores que le dan direcciónalidad, las que deben basarse en los siguientes principios:
El deber humanitario.
El orden de prioridad de la asistencia se establece únicamente en función de las necesidades.
Respetar a las personas y sus idiosincrasias.
Tratar de fortalecer la capacidad de hacer frente a la catástrofe utilizando las aptitudes y los medios disponibles.
La participación de los damnificados en su propia atención, la de sus familias y compañeros ocasionales.
La ayuda tendrá por finalidad satisfacer las necesidades básicas y reducir las acciones del desastre, como una oportunidad de experiencia y mejoramiento vivencial.
Responsabilidad ante aquellos a quienes se ayuda y ante las instituciones empresas o personas que aportan recursos.
Reconocer a las personas afectadas como seres humanos dignos, y no objetos sin esperanza que inspiran compasión.
Estos principios son los que sirvieron de base para el desarrollo de las políticas sociales incrementados por el Gobierno de la provincia del Chaco.
Frente al discurso de la destrucción del estado. Reivindicamos su rol estratégico en la definición de las políticas estructurales y no estructurales, como único actor capaz de administrar los recursos con un auténtico interés en bien de toda la comunidad. En este sentido, y como siempre sostuvo la UCR, es esencial la existencia de un estado basado en una ETICA DE LA SOLIDARIDAD como única alternativa al modelo excluyente e individualista que se nos pretende imponer.
Jornadas de Debate sobre Políticas Públicas para entender las zonas afectadas por las inundaciones.
Se realizaron en Santa Fé el 26 y 27 de junio de 1998
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