09-04-2010 | Notas de Opinion
MÁS COPARTICIPACIÓN PARA COMBATIR LA POBREZA
Por Gerardo Morales, jefe del Bloque de Senadores nacionales
Coparticipación, educación y erradicación de la pobreza, aunque no parezca, integran el mismo debate. La profundización del sistema regresivo que impone el kirchnerismo empeora la distribución federal de la riqueza a la vez muestra su contracara: la pobreza.
Mientras se estiman recaudar más de 25 mil millones de pesos por impuesto al cheque se coparticipa, en contra de la disposición constitucional que establece que debe repartirse el total de los impuestos, solo el 15 por ciento.
La actual estructura legal de reparto de recursos genera injusticias. La concentración del Gobierno nacional en desmedro de las cada vez más empobrecidas provincias, es la más fenomenal desde el retorno de la democracia.
El crecimiento experimentado por la economía en los últimos años -especialmente desde 2004- fue apropiado casi exclusivamente por el matrimonio presidencial. Basta observar la generación de divisas impulsada por el modelo agroexportador.
Las retenciones a las exportaciones, junto a la apropiación de más de 42 mil millones de pesos por el impuesto al cheque o la acumulación de fondos de ATN no distribuidos, que a diciembre de 2009 ascienden a 9 mil millones de pesos, entre otros conceptos, son administrados con celo por el Poder Ejecutivo Nacional.
Si bien el Gobierno implementa políticas sociales destinadas a combatir la pobreza (alimentarias, de empleo precario a través de cooperativas, de ingreso o vivienda) está claro que lo hace en base a la lógica de la focalización.
Acudiendo a ciertos criterios de selección de la población objeto, se asegura no sólo discrecionalidad sino, y sobre todo, el poder de control de vastos sectores sociales manteniendo a organizaciones y familias pobres como rehenes de los funcionarios de turno.
La Asignación a la Infancia es la primera insinuación de universalizar políticas sociales para evitar discrecionalidad y restricción de derechos. Reclamado por toda la oposición y ante el fracaso electoral del oficialismo el año pasado, se pone en marcha. Acción que hemos destacado a pesar de las fallas en su implementación.
Todas las herramientas sociales aplicadas constituyen medidas básicas para lograr la humanización de la pobreza pero no alcanzan para erradicarla si no se acompañan de una política educativa inclusiva, igualitaria y de calidad en todo el país.
La vigente Ley de Financiamiento Educativo dispuso, para llegar a una pauta de inversión del 6 por ciento del PBI, esfuerzo mancomunado entre Nación y provincias del 40 y 60 por ciento respectivamente.
Pero, mientras el aporte del Gobierno está constituido por acciones compensatorias -construcción de escuelas o mobiliario- queda reservado a las provincias el gasto fijo invariable de los sueldos docentes. Es decir, el aporte más importante.
En definitiva, no habrá educación nacional y federal, inclusiva e igualitaria, sin justa y federal distribución de la riqueza. Y menos, erradicación de la pobreza sin un proyecto nacional educativo.
Para que los gobernadores no deban rendir pleitesías al poder central y recuperen la autonomía de sus provincias; para terminar con los pobres-cautivos y fortalecer las economías regionales, la clave es la distribución federal de la riqueza con coparticipación y el equitativo reparto de ATN.
Etiquetas: Coparticipación | Economía | Educación | Ley | Pobreza | Proyecto | Riqueza
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