Los episodios acontecidos en los últimos días dan cuenta de la clara inoperancia y ausencia del Estado para poder proteger la vida, la integridad y los bienes de los argentinos.

El tema de la inseguridad constituye un flagelo que azota despiadadamente a la sociedad argentina arrebatando de manera cotidiana vidas inocentes y dejando graves cicatrices en el alma de los que sobreviven a hechos dramáticos, revestidos de una violencia inusitada.

Al gobierno, le llevó años formular un tímido reconocimiento de la existencia de este problema. Así como le llevó años admitir (aunque con sus propias mediciones), la inflación.

En este escenario, de manera recurrente, el gobierno ha expresado que la inseguridad es un problema que se resuelve con medidas sociales de inclusión, en un diagnostico simplista que ponía en la pobreza y la exclusión la causa del delito.

Claro que si esto es así, y la inseguridad va en aumento continuo, esto quiere decir que la pobreza y la exclusión han aumentado progresivamente durante este gobierno.

Pero más allá de esta contradicción discursiva del oficialismo, la lógica indica que el reconocimiento del problema, debería haber ido acompañado de un análisis reflexivo que permitiera diseñar un plan estratégico con metas delimitadas en etapas, objetivos y recursos a emplearse.

La respuesta estatal se limitó a la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad, acto de impacto mediático con el que se pretendió instalar en la opinión pública la percepción de que se estaba dimensionando adecuadamente el problema.

Claro es que el puntapié inicial del partido, no asegura el triunfo, si no se ha previsto un plan de juego que permita a través de un proceso sistemático alcanzar el éxito. De igual manera, la sola creación de un ministerio, los anuncios estruendosos y la pulida retórica oficial, no aseguran el éxito en el intento de preservar la vida y los bienes de los argentinos, cuando no se ha previsto una estrategia.

El transcurrir de los días, está poniendo en evidencia que el gobierno cree que con la creación del Ministerio ha agotado su participación en el tema y el delito sigue ejerciendo una presencia monopólica en la vida cotidiana de millones de habitantes de nuestra Argentina.

No resulta suficiente que tengamos una Constitución que nos garantice derechos fundamentales, cuando tenemos un gobierno que carece de la voluntad política de abordar en toda su complejidad y profundidad el problema de la inseguridad.