31-08-2001 | Noticias
HACIA LA UNION NACIONAL
Extracto del documento del plenario de delegados del Radicalismo.
La Argentina ha cambiado. Es otra. A casi dos décadas del inicio del proceso de restauración democrática nos encontramos hoy ante trágicos problemas.
El principal es el de la marginación y la pobreza: millones de hombres, mujeres y niños viven en un estado de pobreza que los empuja cada vez más afuera del sistema y los transforma en una masa humana privada de los más elementales derechos que debe ofrecer la democracia.
Las conquistas sociales que permitieron dignificar el trabajo y otorgaron a los ciudadanos la posibilidad de vivir de su tarea y, a la vez, sentirse miembros de un proyecto nacional con un futuro previsible, han sido avasalladas. El bien común, como valor intrínseco democrático, fue abatido por el dios del mercado.
Es indispensable concretar en la Argentina una nueva situación de auténtica cohesión nacional con fuerte vocación integradora de la región. Para lograrlo, es imprescindible plasmar, en una convocatoria a la convergencia política, espiritual, social y económica, un programa esencialmente transformador y emancipador, que supere los esquemas cerrados y los enfoques dogmáticos.
La asunción de los derechos del hombre como valor aglutinante es lo que permitirá la convergencia de hombres y fuerzas provenientes de diversas tradiciones políticas que de un modo u otro, a pesar de las discrepancias y enfrentamientos, han venido luchando por plasmar en realidades sociales los valores de la democracia, que permitieron el surgimiento de la civilización contemporánea, que aún la sustentan y que deberán ser también los que orienten y den sentido a su futuro.
Se ha convertido a la Argentina en un mercado del que debe fluir dinero desde arcas exhaustas en un proceso que nada tiene que ver con el crecimiento, con el bienestar humano, con la solidaridad y naturalmente, con la independencia. El rumbo que se ha tomado no conduce al bienestar sino a la destrucción de los principales valores que sustentaron la ilusión emancipatoria de un sistema que buscaba la inclusión social y que hoy expulsa a seres a los que se les niega hasta el futuro.
Debemos comprender que nuestro deber no se agota con respuestas cabales frente a episodios definidos por una agenda que casi nunca determinamos. La necesidad es inmensamente mayor y no puede limitarse a tomar posiciones correctas frente a hechos aislados. Debemos profundizar nuestras convicciones, si se quiere a través de un esfuerzo filosófico que defina lineamientos claros que superen la coyuntura.
El único camino es recuperar una cultura basada en la solidaridad, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el rechazo a los privilegios, en el repudio a la indecencia y a la discriminación, en la participación que rechaza la exclusión, en la defensa de la identidad nacional y cultural que presupone la igualdad de oportunidades y la movilidad social.
Hay que trabajar para concretar una unión nacional, cuya magnitud y naturaleza podrá observarse con el transcurso del tiempo, porque no debiera tener una extensión inferior a los diez años para hacerla políticamente confiable y previsible en el largo plazo y en la que participen las fuerzas sociales, económicas y espirituales, conjuntamente con los partidos políticos dispuestos a evitar discusiones electoralistas, para volcar las convicciones comunes en una única empresa nacional, en el marco de las instituciones de la Nación y en el respeto de las respectivas individualidades. Con esa preocupación, la U.C.R. se permite someter a la discusión pública un conjunto de ideas como un aporte al debate público indispensable, por lo que no ha querido considerar aspectos sectoriales, que serán motivo de las respectivas discusiones.
EL ESTADO
Hay que reconstruir el Estado, para que esté en condiciones de cumplir sus fines y dar respuesta a los problemas más agudos que se presentan a nuestra sociedad. No queremos un Estado omnipresente, sino democrático, capaz de defender el bien común.
Hace también a una concepción ética convenir en que el Estado debe proteger al individuo contra la coacción del poder económico y a la sociedad contra la coacción de las masas si su accionar supera la legalidad. Es la protección frente a los fundamentalismos, frente a los extremismos, frente a los populismos y la violencia.
LA EDUCACION
Hay que garantizar la gratuidad de la educación estatal en todos sus niveles, derecho constitucionalmente consagrado que parte de la mejor tradición histórica que se inaugurara con las escuelas colegios y profesorados del siglo XIX y con la reforma universitaria de 1918. Esa educación fue uno de los factores fundamentales para que nuestra patria sea un suelo de igualdad de oportunidades y de integración social.
Sin la educación es imposible tener futuro, de ella depende el desarrollo de una cultura democrática, la formación de hombres y mujeres aptos para dar respuestas a los crecientes desafíos de los cambiantes y complejos sistemas de producción. Se trata de educar para la libertad y de educar para el cambio.
La democracia como cultura y como orden institucional, necesita asegurar su propia continuidad asentándose sobre bases de desarrollo y de progreso. Estas bases, por su parte, sólo pueden construirse auténticamente en un régimen de libertad que garantice vastos márgenes a la innovación y a la creatividad individuales.
LA INTEGRACION REGIONAL
Debemos asumir que el proceso de globalización es irreversible y que debe ser incorporado con inteligencia en la política de nuestra nación. La globalización se convertirá en un instrumento positivo y progresista en la medida en que se transforme en solidaria.
Decir globalización será entonces decir sin mentir, interdependencia entre los pueblos, corresponsabilidad en la función de gobernar con equidad social, oponiendo un frente común a la injusticia, revalorizando a la política y a los partidos políticos como instrumentos de poder ciudadano ante la arrogancia de los mercados.
Afianzamiento de la democracia, revalorización de la política, alianza entre las naciones para fortalecer nuestra identidad latinoamericana, son los principales ejes de una estrategia común.
Una región democráticamente fuerte en sus instituciones es una garantía de paz, de estabilidad y ofrece un marco apropiado para encarar las diversas necesidades sociales. En ese contexto, debe perseverarse en el impulso de una política exterior basada en la solidaridad, la justicia universal, la defensa de la democracia y de la paz y de los derechos humanos.
En definitiva, debemos comprender, para defender el MERCOSUR, que la historia demuestra que los procesos de integración, si no se sostienen en la legitimidad que otorga la activa participación de la ciudadanía, se estancan o fracasan. La construcción de un mercado no debería ser un fin en sí mismo. El objetivo buscado debería ser que el proceso de integración contribuya al desarrollo integral: económico, ciertamente, pero además, social, político y cultural.
HAMBRE CERO. GARANTIZAR UN INGRESO EN CADA HOGAR
Debemos proponernos hambre cero, es decir un ingreso digno para cada hogar. Sólo así, podremos luchar contra la pobreza y la desesperanza.
Las estrategias que proponemos parte de definir los grupos sociales que prioritariamente deben ser motivo de una política de estado. Los programas se irán implementando gradualmente debido a los problemas operativos y a las limitaciones de financiamiento.
El financiamiento de esta política requiere una indispensable lucha contra la elusión y la evasión.
JEFES Y JEFAS DE HOGAR
Es el grupo de desempleados en peor situación. En sus hogares no sólo se reduce o desaparece el ingreso sino que se deteriora la salud física y psíquica y la integración del grupo familiar. Los jefes de hogar desocupados con hijos menores de 14 años rondan los 260.000 de los cuales 60.000 son mujeres. Se propone un ingreso mensual mínimo de 150 pesos y una contraprestación de 4 horas diarias de actividades sociales o formativas.
ANCIANOS, JOVENES Y NIÑOS
El número de personas de 70 años sin cobertura previsional es de alrededor de 300.000. No pueden tener un beneficio menor de 100 pesos mensuales.
Son 5.400.000 los niños menores de 15 años cuyos padres no reciben asignaciones familiares. Se propone, en una primera etapa, una cobertura para niños hasta 10 años de edad y un beneficio promedio de 33 pesos por hijo, además de las acciones que pueda realizarse en el campo específicamente nutricional y de salud.
La solución a la cantidad de jóvenes desempleados, provendrá del crecimiento del país, y de la voluntad de facilitar el primer empleo, pero es necesario encontrar paliativos en la coyuntura con una mayor inclusión al sistema educativo, tal como se sostiene en el apartado específico.
CORRECTO PRESUPUESTO PARA LA EDUCACION
Es necesario el sostenimiento del piso presupuestario actual para las universidades nacionales públicas sin recortes ni subejecuciones, así como la renovación del Fondo Nacional de Incentivo Docente; ambas garantías mínimas para asegurar el desarrollo de los ciclos lectivos en todos los niveles de la enseñanza.
Ante la situación fiscal por la que atraviesa nuestro país, para garantizar lo anterior, proponemos: 1- Aumento de la alícuota del impuesto a las ganancias y a los bienes personales a todos los contribuyentes cuya ganancia neta sujeta a impuesto y/o total de bienes sujetos a impuesto supere los $ 90000 (pesos noventa mil) o el $ 1000000 (pesos un millón) respectivamente. 2- Aplicación de una sobretasa a los impuestos vigentes a los objetos suntuarios.
LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA
La crisis económica tiene como telón de fondo dos realidades. Primero, hemos perdido competitividad internacional como resultado de la devaluación de la moneda europea, del real brasileño y recientemente de la moneda chilena. Aunque el gobierno intenta superar el problema mediante planes sectoriales de competitividad, falta, sin embargo, definir una estrategia para enfrentar la segunda realidad. Nos referimos al peso de la deuda pública, que obliga a efectuar el ajuste interno que impide salir de la crisis. Desde fines de 1992, la deuda del Gobierno Nacional aumentó de 62.400 millones de pesos a 125.500 millones en marzo de 2001. En 1992, la carga de intereses era de 3.600 millones de dólares y sólo representaba la mitad de la masa salarial del Gobierno Nacional. En 2001, el pago de intereses aumentó a 11.500 millones y casi duplica la masa salarial del gobierno.
Esta cruda realidad debilita la credibilidad de la propuesta del déficit cero, acrecienta la conflictividad social, tiende a desproteger a las provincias y por encima de todo, impide dar respuesta a la imperiosa necesidad de reactivar la economía.
No existe otro camino para alcanzar un crecimiento sostenido que reestructurar consensuadamente el pago de la deuda pública. Esta aspiración es hoy reconocida por los organismos internacionales de crédito y los países avanzados que integran el grupo de los 7. Ellos también plantean la interacción entre la reprogramación de la deuda y el crecimiento sostenido de la economía argentina.
Por supuesto, la reestructuración de los pagos de la deuda es una condición necesaria pero no suficiente para lograr un crecimiento sostenido. Se requiere además, dar respuesta a dos asignaturas pendientes en el campo de la reforma del Estado. En primer lugar, como hemos señalado, poner fin a la evasión y elusión impositiva. En segundo lugar, mejorar la eficiencia del Estado en el manejo del gasto público nacional y de las provincias.
Sólo a través de una acción conjunta que multiplique la voluntad de cambio que exige la gente y que nosotros, los dirigentes, tenemos que tomar como bandera, podremos sacar a nuestro país de las condiciones lamentables en que se encuentra.
Y tienen que ser los que más tienen los que más aporten. No sólo por un elemental concepto de equidad, sino porque la situación es tan crítica que ellos también están siendo afectados y lo serán aún más si no producimos un cambio.
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