La Alianza ante el intento de privatizar los aeropuertos por Decreto

BUENOS AIRES, 1 de diciembre de 1997. - La Alianza defiende la seguridad juridica y la continuidad legal de los actos del Estado. Por eso, en el tema Aeropuertos, reclama un procedimiento que, en algo tan importante, aleje el riesgo de incertidumbre juridica, preserve la transparencia y resguarde el interes nacional. El unico procedimiento que lo asegura es la intervencion del Congreso y el tramite ordinario que la Constitucion preve para la la sancion de las leyes, y no la forma unilateral del decreto. El Banco Mundial ha dicho: "La experiencia ha demostrado que la forma en que se lleva a cabo la privatizacion influye en forma trascendental en los resultados finales", señalando como factor clave a "la transparencia del proceso" (Informe Sobre el Desarrollo Mundial 1997, pagina 7). La Alianza reclama al Gobierno nacional que deje de lado el procedimiento del decreto en este grave asunto y habilite sin demora el tramite que asegure la intervencion del Congreso Nacional, incluyendolo en sesiones extraordinarias. La Alianza sostiene que el Sistema Nacional de Aeropuertos debe privatizarse preservando el interes nacional, sus legisladores han presentado proyectos en ese sentido y compromete el tratamiento de la ley respectiva durante este mes de diciembre. Lo contrario, es decir, que el gobierno insista en la via del decreto, creara inseguridad juridica, llevando a consumar actos luego cuestionables por carecer del respaldo legal. Es la propia Constitucion Nacional la que fulmina con la "pena de nulidad absoluta e insanable" los actos que, como este, requiriendo una ley, son resueltos por decreto (art. 99, inc. 3). Por eso, y para aventar toda duda o sospecha que se crearia al eludirse el debate parlamentario, convocamos al Poder Ejecutivo a abstenerse de proceder por decreto en esta materia, exhortandolo a impulsar el inmediato tratamiento por el Congreso. Excluido el riesgo de la demora ante el compromiso que enunciamos, no hay pretexto para que el Ejecutivo sea renuente o elusivo. Al contrario, mediante la intervencion del Congreso, debe evitar que se piense que lo determinan motivos inconfesables. Cabe advertir que, si se siguiera adelante con este procedimiento, y se entendiera como lo ha sugerido el Procurador General de la Nacion, que no hay 'caso' judicial, se incurriria en una denegacion de justicia.

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