15-01-1999 | Noticias
NOTA DE OPINION
Diputada Nacional Cristina Guevara.
Diputada Nacional Cristina Guevara
Es recurrente la situación en la que los usuarios de los servicios públicos domiciliarios deben hacerse presentes en las oficinas comerciales de las prestadoras . Ello
sucede a diario, y genera para el consmidor un daño concreto que dificilmente pueda ser reparado.
El perjuicio consiste en el tiempo que se pierde en tales tramiaciones, y que para los casos en los que las quejas son acojidas en forma exitosa, corresponde ser resarcido por quien generó la circunstancia; es decir: la empresa prestadora.
Ante este injusto panorama, los integrantes de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCU) nos acercaron una iniciativa que aporta una respuesta concreta al problema. La idea
es determinar la cuantificación del valor del tiempo insumido en los trámites por parte de los usuarios, estableciendo un mecanismo sencillo para acreditarles el perjuicio ocacionado por
las prestadoras.
La indemnización por hora o fracción mayor a veinte minutos que el usuario haya transcurrido en oficinas de la empresa prestadora con el fin de solucionar su reclamo, se
determina en la suma de veinte pesos ($20). Las empresas prestadoras deberán acreditar los montos correspondientes como créditos para la utilización del servicio por parte del consumidor.
El objeto es eliminar la disparidad en las relaciones entre las partes, motivado por encontrarse por un lado la empresa moderna con todo su arsenal de recursos; y por el
otro, el consumidor solo y desprotegido. de esta manera nace la idea de la protección jurídica a los consumidores y usuarios.
Lo característico de las relaciones cotractuales que se dan en la materia, es que además de los recursos ilimitados con que cuentan las corporaciones, éstas son monopólicas y proveen de servicios de los cuales hoy en día no
se puede prescindir. Esta posición de la que gozan las empresas las sitúa con un poder demasiado importante, que debe ser controlado.
En el marco del resurgimiento de una tendencia que busca proteger a los consumidores y usuarios, esta iniciativa que hemos puesto a consideración del Congreso Nacional busca equilibrar una relación desigual e injusta.-
