Los senadores nacionales Gerardo Morales y Ernesto Sanz, junto al diputado Alejandro Nieva, presentaron esta mañana, viernes 24 de agosto, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, una nueva denuncia contra el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime ante la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. La misma es extensiva al empresario Sergio Taselli.

La denuncia penal se fundamenta en la entrega al ex concesionario del Ferrocarril Sarmiento y Belgrano Sur, Sergio Taselli, de un pago por $ 15 millones para el pago de sueldos, cuando la concesión estaba ya terminada y el propio servicio jurídico del Ministerio de Economía había recomendado frenar la entrega de fondos.

Ese pago ya está en investigación judicial porque Taselli lo habría retirado sin aplicarlo a la cancelación de salarios, monto que luego el Estado tuvo que reponer cuando se hizo cargo de los dos ramales. Es decir que, según la denuncia "Jaime procedió al pago del subsidio -por facturas que presentó el empresario- cuando la directora de Asuntos Jurídicos de los ministerios de Economía y Planificación, Valeria Pommodoro, había ordenado lo contrario".

"La ex concesionaria de las líneas Roca y Belgrano Sur de la Capital, que controlaba el grupo económico de Sergio Taselli, se quedó con los subsidios del gobierno que recibió para pagar los sueldos de junio de 4.100 trabajadores", indica la denuncia presentada ante el juzgado Nº7, a cargo del juez federal Guillermo Montenegro.

"Como consecuencia de dicho accionar, la Secretaría de Transporte salió a cubrir los pagos salariales con una nueva partida especial de casi $ 15 millones para liquidar los sueldos ante una amenaza de paro total, que fue gestionada contra reloj, ya que se encontraban en medio del conflicto que se generó cuando grupos de usuarios casi destruyen la estación de Constitución, el pasado 16 de mayo", agregan los radicales Morales, Sanz y Nieva.

En el mismo sentido, el titular del Radicalismo y candidato a vicepresidente por UNA, Morales, aclara que "las planillas confeccionadas por Metropolitano -al parecer con la anuencia de algunos funcionarios de Transporte Ferroviario- incluyeron casi un centenar de empleados de la láctea Parmalat, de propiedad del mismo Taselli.

La denuncia penal incluye una prueba contundente: la existencia previa de un dictamen de Pommodoro, donde opinó sobre la entrega del subsidio a la concesionaria de Taselli: "no correspondería abonar el total de las facturas presentadas".

Como todo trámite de ese tipo, el subsecretario de Transporte Ferroviario, debe contar con las facturas de la compensación de costos de explotación que presenta la concesionaria, en este caso los sueldos del mes de junio que Taselli debía abonar, para proceder al pago del subsidio. Otro paso ineludible es la opinión del departamento de Asuntos Jurídicos.

Y es en ese punto donde Pommodoro le respondió a la Subsecretaría Legal del Ministerio de Planificación que «no correspondería abonar el total de las facturas presentadas». Así recomendó: "Atento los términos de las rescisiones por culpa de los concesionarios y a que no existía una fecha cierta aún de la toma de control por parte del Estado sólo correspondería abonar aquellos gastos comprendidos en las mismas efectivamente abonados por los ex concesionarios, con carácter previo al pago que efectúe el Estado.

El camino que tomó la Secretaría de Transporte no habría sido ése, y finalmente se le giraron los fondos que el concesionario no utilizó para pagar los sueldos, tal como lo denunciaron los radicales.

Buenos Aires, 24 de agosto de 2007.-