La UCR, pese a estar históricamente a favor del sistema estatal de jubilaciones, rechazó este proyecto por ver en él una clara finalidad de hacer caja para financiar la deuda de los próximos años y para hacer obra pública en un año electoral. Asimismo, la UCR presentó su propio dictamen por el cual rechaza el proyecto oficial y plantea una serie de pautas a tener en cuenta para la reformulación del régimen jubilatorio.

Al cerrar la exposición del Bloque de la UCR, su presidente, Oscar Aguad, remarcó:

Desde el bloque más chico que ha tenido en su historia la UCR, con estos actuales 25 diputados nacionales, somos la UCR. Y jamás la UCR propuso o propondrá que el ahorro de los trabajadores sea otorgado al lucro privado. Este bloque y su partido, en el año 57, fue autor del artículo 14 bis que consagró la obligación del Estado de garantizar los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable.

El radicalismo optó y optará siempre por el sistema estatal, por una sencilla razón: el fondo de la cuestión es que el Estado debe garantizar la seguridad social. No lo debe hacer un privado, porque el privado tiene fines de lucro y el lucro va en detrimento de los dineros de los trabajadores.

El día que se anunció que se mandaba este proyecto al Congreso de la nación me habló el Jefe de Gabinete Massa, lo mismo que al senador Sanz y al presidente de la UCR, Gerardo Morales. Nos dijo que este era un proyecto que se podía debatir y que podíamos intercambiar posiciones, que estábamos hablando de la reestructuración de uno de los pilares que sostiene el andamiaje del Estado. Nosotros somos y seguiremos siendo un partido de buena fe, nunca pudimos suponer que lo que se pretendía era una foto con la oposición. Oposición que en cinco años jamás entró en la Casa de Gobierno. Por suerte nos dimos cuenta a tiempo y no aceptamos ni la foto ni el falso debate. Le pedimos una audiencia al ministro y jamás nos contestó. Esto es grave, porque vivimos en un sistema democrático, donde hay oficialismo y hay oposición.

Y cuando las leyes se dictan por una mayoría circunstancial les pasa lo que le pasó a la ley de Menem: se caen. El debate tiene que ver con los consensos. Las leyes sin consensos duran lo que duran las mayorías circunstanciales que las imponen. Salvo que haya partidos políticos que en un turno presenten un proyecto y en otro turno presenten otro absolutamente distinto, denostando el proyecto anterior. Por eso no presentamos ni presentaremos jamás un sistema que tenga que ver con la administración privada de los fondos y del ahorro de los trabajadores.

El problema de fondo no es el sistema previsional. El sistema previsional que está hoy en discusión es el plan D. Hubo tres planes anteriores.

El problema es que con la fortaleza más grande que tuvo este gobierno en su historia, pocos gobiernos tuvieron la fortaleza fiscal que tuvo este gobierno hace cuatro años. En ese tiempo, si se revisan las actas de debate, encontrarán el siguiente discurso: ojo, no desaprovechemos el viento a favor; ojo que cuando esto pase vamos a pedir cuentas a donde nos dejaron. Y estamos en el tiempo de la rendición de cuentas.

En septiembre del año pasado hubo una luz amarilla en el tablero: dejó de crecer el empleo en la Argentina. Y este año se han producido dos o tres hechos graves, se han fugado del país cerca de 20 mil millones de dólares. Además, en el segundo trimestre de este año la inversión bruta reproductiva cayó a la mitad: siempre dijimos que este modelo sin inversiones se muere: no hubo inversiones. Y la balanza comercial con Brasil este año cierra con un récord deficitario de 4 mil millones de dólares. Cuando asumió Kirchner la balanza comercial con Brasil tenía un superávit de 200 millones de dólares. Y la balanza comercial industrial cierra en este año en la Argentina con un déficit de 30.000 millones de dólares. Esto significa miles y miles de puestos de trabajo que compramos al exterior. Cada bien importado de esos 30.0000 millones de dólares son puestos de trabajo que pagan los impuestos argentinos. Ese es el problema: el fracaso no del modelo, ojalá se hubiera aplicado un modelo, el que la presidenta levantó en la campaña electoral, el productivista, el del desarrollo de la economía, el industrialista. No fracasó ese modelo porque nunca se aplicó en la Argentina.

Este Gobierno volvió al viejo modelo populista de subsidio al consumo en vez de incentivar la inversión que produce bienes, puestos de trabajo, salario, mercado interno, que es lo que había propuesto la presidenta.

En términos marinos, este era un barco a vela con un fuerte viento a favor. Es bueno tener viento a favor. Los países inteligentes aprovechan el viento a favor. El viento sopló y mejoró el ingreso y mejoró la economía. El problema es que el tiempo no se pierde cuando en el transcurso del viento se generan las condiciones para que cuando pare el barco siga andando. Pero se paró el viento de golpe y no hay motor que siga haciendo navegar el barco. Este es el problema. Esa es la oportunidad que se perdió. Ahora vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, el Gobierno, advertido de estas condiciones dijo: Plan A, retenciones al sector agropecuario. Había que hacerse de la caja para que la fragilidad fiscal pudiera convertirse y el país no entrara en default. Fracasó el Plan A.

Tratamos de ir al Plan B: Banco Mundial. Hay que recordar esto. El año de la campaña la presidenta fue a Alemania. Allí, la canciller alemana le dijo que las cosas están bárbaras pero que la Argentina tiene deudas con Alemania, y que fuera al Banco Mundial. Tres meses después 9 diputados nacionales fuimos a Alemania. El secretario de la cancillería para Latinoamérica nos dijo que Argentina es un país irrelevante para las inversiones alemanas y además no paga sus deudas. Fracasó el Plan B de pagar al Banco Mundial para conseguir inversiones y créditos.

Fuimos al Plan C: los Hold Down. El mismo tema, conseguir créditos, conseguir inversiones. Fracasó el Plan C.

Ahora vamos por el Plan D, el ahorro de los trabajadores. El problema es el mismo, la economía no genera los recursos suficientes para que el país tenga fortaleza fiscal y pueda hacer frente a sus compromisos externos fundamentalmente.

Este partido no hubiera tenido ningún inconveniente en discutir el fondo de la cuestión. Si el país tiene fragilidad fiscal en sus cuentas externas acá está la UCR para discutir el problema, incluso con el ahorro de los trabajadores, pero con ciertas garantías, no de cualquier manera.

No es posible que aquel partido que dice defender a los trabajadores tenga una inflación del 24 % y el ANSES le preste el dinero al Gobierno al 8 %. Una estafa al ahorro de los trabajadores. En esas condiciones los recursos del ANSES se van a licuar. No puede el país con una inflación del 24 % tomar dinero al 8 %. Es falto entonces que se defienda el ahorro de los trabajadores.

¿Por qué el Gobierno así como aumenta los salarios al ritmo de la inflación no toma el dinero de los trabajadores a la misma pauta inflacionaria? Esa es la estafa.

Además está otra cuestión de fondo que va a lesionar los intereses estratégicos de la Argentina por los próximos años: las maneras en que se hacen de la caja, violando la Constitución Nacional y el derecho de propiedad. Eso genera desconfianza.

Las sociedades tienen un pacto moral que significa que cada uno de nosotros decidimos vivir junto y convivir en un mismo escenario. Luego ese pacto se traduce en un pacto escrito, la Constitución Nacional. Todos hacemos votos de cumplimiento de ese pacto y ese pacto tiene un núcleo, un tronco genético, que es la confianza. Nadie puede vivir en sociedad si no confía en el otro. Es la base del acuerdo, es la base del contrato social. Esta ley quiebra la confianza. ¿Vayan a pedir crédito sin confianza? ¿Busquen inversiones sin confianza? Ya van a ver cómo nos va a ir a los argentinos cuando desde afuera nos digan que no somos confiables, que somos un país que no cumple los acuerdos y no respeta la propiedad privada.

Defendemos la legalidad, la legitimidad. Y además tratamos de impedir la disolución del pacto social.

No hay sistema que se mantenga sin inversiones. Sin inversiones no se sale y las inversiones no vienen solas. Nadie va a venir a la Argentina si no hay reglas de juego y se respeta el derecho de los demás.

Con respecto a la cuestión federal: El ANSES tiene un déficit del 50 %. Ese 50 % lo financian las provincias argentinas. Los impuestos que sostienen esas afectaciones específicas están vencidas. Este Congreso lo sancionó por última vez en 2006. Hay que sancionarlas de nuevo, si no los gobernadores van a tener problemas porque están perdiendo recursos propios sin ley y la Nación se está apoderando del recurso de las provincias sin legitimidad legislativa. Las leyes específicas que con asignación de recursos deben ser leyes especiales con un tiempo de duración. La última ley que legitimó estos impuestos fue el Presupuesto 2006. Esa ley no se renovó en 2007 ni en 2008.

Apelamos a la búsqueda del diálogo y de los consensos. Yo no he interpuesto ninguna chicana. Recuerden que no hay sociedad que se pueda construir sin diálogo, sin consensos. El diálogo y los consensos buscan la forma de que la convivencia sea más pacífica, de que haya inversiones, de que la economía funcione. Como dijo un presidente norteamericano: “tonto, es la economía”. Desgraciadamente, es la economía.

Aguad cerró su exposición leyendo una frase dicha por Raúl Alfonsín hace una semana: “es imprescindible que nos demos cuenta que tenemos que trabajar junto. Que es necesario el díalogo. Diálogo no sólo entre el Gobierno y la oposición, sino también dentro de la oposición. Pero el Gobierno no puede sentirse el realizador definitivo de la Argentina del futuro porque ha ganado una elección”.

Antes, el diputado Juan Acuña Kunz (UCR – Santa Cruz), miembro informante del Bloque de la UCR, había explicado. “La UCR siempre ha compartido la idea de fondo de que exista un sistema de previsión único y estatal: esto es el retorno al sistema de reparto. Pero esto que hoy llega al Congreso no alcanza, no es una ley acorde para cambiar un sistema previsional, es una ley incompleta, apurada, improvisada, extemporánea, plagada de incertidumbres y lo que es peor, deja en manos de la absoluta discrecionalidad al Poder Ejecutivo el manejo de los fondos de nuestros jubilados, sumado a los superpoderes que este cuerpo supo delegarle y que no se le anima a recortar.

“Nuestro bloque entiende que la seguridad social debe ser un correcto modo de distribución de la renta nacional, a través de las prestaciones destinadas a las personas que integran este sistema jubilatorio, y creemos que más que una expresión de carácter económico esto debe ser una concepción de vida basada en los principios de la solidaridad y de la equidad. Frente a esto deberíamos plantear un gran debate, donde participen diferentes actores de la sociedad, para conformar un sistema previsional con responsabilidad que sea sustentable y previsible en los próximos 20 a 30 años”.

“Este proyecto que hoy se intenta aprobar no contempla en absoluto las herramientas que nuestro bloque ha propuesto, ni tampoco contempla siquiera un claro programa socio laboral que procure la reubicación clara de los empleados de las AFJP que van a quedar sin trabajo”.

“Con respecto al artículo 12 del proyecto oficial, yo que soy de Santa Cruz se lo que significa una comisión de fiscalización en mi provincia. Si hay algo que en el régimen K no ha funcionado, no funciona ni funcionará son precisamente las comisiones de seguimiento del kirchnerismo, ya que en su concepción del poder, los únicos que pueden manejar los fondos públicos son ellos. Me hace acordar a Luis XIV, que decía el Estado soy yo.

“Los fondos de garantía que se van a acumular en el ANSES van a ser de 120.000 millones de pesos, cuando el 75 % de los jubilados y pensionados hoy perciben 690 pesos. Por lo menos esperemos que esta desigualdad sea zanjada a la brevedad llevando al 82 % los haberes de nuestros jubilados.

Esta ley significa transferir recursos del Estado nacional sin discutir cómo se administran ni cómo se gastarán, con lo cual entendemos que no vienen ni por la seguridad social ni no por la equidad, sino que vienen por la plata.

Un proyecto de esta naturaleza debe tener un debate en el tiempo. Los chilenos llevan más de un año definiendo su reforma, Brasil estuve más de 2 años definiendo cambios; y España necesitó otros tanto para terminar con el famoso pacto de Toledo. Nosotros estamos convencidos que la verdadera causa de este golpe de timón es totalmente contradictoria con una política gradual de reforma previsional y solo responde a un giro de caja. La aplicación de la ley es eliminar parte de los pagos de la deuda pública en dólares y el matrimonio Kirchner no está haciendo más que adelantarse a la demanda de los dólares del 2009.

“Llama la atención que este gobierno sea tan estatista para los jubilados y tan privatista para el juego, tan privatista para la minería, tan privatista para el petróleo o la pesca”, señaló también el diputado radical en su exposición.

Luego, la diputada Silvana Giúdici, aseguró que con la sanción de este proyecto, “La timba financiera la va a jugar el Estado, y van a apostar con el futuro de las próximas generaciones, porque al no reglamentar las restricciones al uso del fondo de garantía y al permitir que la ANSES sea una dependencia más del Ejecutivo Nacional esos fondos podrá destinarse a invertir en plazo fijo, a prestarle a las empresas, total la tasa la define el funcionario, a quién se le presta lo decide el funcionario, o en qué banco se va a invertir también lo decide el funcionario. Por lo tanto, el que va a apostar es el funcionario que esté a cargo de la ANSES.

Desde la UCR queremos discutir un sistema previsional integral que ponga eje y prioridad en los beneficios que se deben dar a los jubilados, que hable de la redistribución de la riqueza, que por supuesto restrinja de la timba financiera pero que sea real, y que el apostador no sea el Estado.

Este proyecto no es para reformar el sistema previsional argentino, es simplemente para quedarse con los recursos y para cubrir los déficit que deba enfrentar Argentina el año que viene.

Más adelante, el diputado Alejandro Nieva (UCR – Jujuy), amplió: “Votamos en contra este proyecto a pesar de nuestra historia, a pesar de nuestra coincidencia con la necesidad de terminar con el sistema de capitalización. La UCR, en el debate del 93, advirtió lo que está ocurriendo hoy: que el sistema de capitalización no iba a generar las prestaciones que se prometía; que las comisiones que se cobraban eran excesivas, era un negocio demasiado fácil para algunos que se hacía a costa del salario de los trabajadores. Esto lo dijimos en el 93 y lo venimos manifestando a lo largo de todos estos años”.

Cuando se discutió la que finalmente sería la ley 26.222, sancionada en febrero último, no se aceptaron las modificaciones que proponían una opción anual para volver al sistema de reparto, y desde el oficialismo se estableció una opción cada cinco años, y se nos dijo que había que tener prudencia y mantener el sistema de capitalización. ¿Por qué entonces en este momento el oficialismo ha cambiado de posición? Es bueno que lo haya hecho, pero el problema es si no hay propósitos fiscales que hicieron tomar esta decisión.

Nosotros tenemos todos los elementos para pensar que los recursos van a ser utilizados para propósitos que no son justamente los de cuidar los ahorros de los trabajadores para asegurar el sistema previsional. Lo decimos porque es lo que está pasando hoy con los fondos de los seguridad social.

El gobierno nacional dictó en su momento un decreto por el cual se establecen una serie de pautas que son las normas que el Estado se autoimpuso para la administración de los recursos. Ese decreto, del 14 de julio de 2007, establece que se crea un Comité de Administración del Fondo de Sustentabilidad de la Anses. Tenían la obligación por ese decreto de informar una vez al año cómo se habían invertido esos recursos. Pasó un año y cuatro meses y no sabemos si ese comité se reunió y los argentinos no hemos tenido el informe que por un decreto del propio gobierno debía publicarse para que todos supiéramos cómo se habían manejado estos recursos.

No podemos votar este proyecto porque no se dan las garantías de que estos ahorros se manejen con el cuidado que necesitamos. También porque no se ha pensado en una transición, ya que no es solamente el tema de los fondos y de la plata lo que a nosotros nos preocupa. Compartimos la necesidad de volver al sistema de reparto, pero creemos necesario compatibilizara esta idea con la necesidad de respetar los derechos y la expectativa de millones de argentinos que eligiendo o no el Estado les ha asignado una expectativa de que tienen unos ahorros que le van a generar una prestación en el futuro.

También hay que abordar la discusión de los recursos del sistema, qué se hace con los excedentes. Las provincias argentinas durante los 90 cedieron el 15 % de la coparticipación y otros impuestos coparticipables para financiar un sistema de seguridad social que entonces era deficitario y que hoy tiene superávit. Pero corrieron en paralelo el superávit de la ANSES con el déficit de las provincias. Entonces, por qué no tomar con los recursos decisiones que tengan por lo menos que ver con los jubilados, en lugar de pensar que con esos recursos vamos a hacer obra pública. Era necesario en este momento debatir sobre la necesidad de la recomposición de los haberes de los jubilados.

Aún cuando compartimos la necesidad de la vuelta al sistema de reparto, debió hacerse de otra manera. Podía hacerse mejor, respetando derechos adquiridos, buscando garantías, discutiendo la ley de fondo. Porque una ley como la que tenemos hoy no asegura seguridad social para todos los argentinos. Hay millones de trabajadores que con esta norma no van a poder jubilarse cuando alcancen la edad jubilatoria. Este es uno de los temas que debió haberse incluido en esta reforma y no se lo hizo.

También la secretaria parlamentaria del bloque de la UCR, Silvia Lemos (UCR – Mendoza), se refirió al proyecto: “La UCR ha sido siempre coherente en su posición respecto de quién tiene que ser el que garantice el sistema previsional, quién debe hacer la previsión de la seguridad social, que es el resguardo de los mayores. Y siempre hemos pensado que ese actor debe ser el Estado, el que está en mejores condiciones para hacerlo. Pero en este momento más que aprobar un régimen improvisado deberíamos estar tratando las bases del nuevo sistema previsional, y eso es lo que hemos pretendido incluir en nuestro dictamen de minoría, qué cuestiones debería tener ese sistema y generar un amplio debate con todos los sistemas involucrados para aprobar ese sistema definitivo”.

Luego, el vicepresidente del Bloque de la UCR, Pedro Azcoiti (UCR – Buenos Aires), dijo: “Nosotros pensamos que es necesario reformar de manera integral el sistema previsional en la Argentina. De hecho hemos presentado un dictamen y nuestro partido ha presentado una serie de ideas fuerza que deberían ser llevadas adelante en un proyecto integral de reforma del sistema. Pero como cualquier cambio de sistema y en cualquier orden, sostenemos que debería haberse establecido y previsto un sistema de transición de un sistema al otro, porque es cierto que mucha gente siente que le afectan un derecho. Busquemos entonces un mecanismo para que esa afectación de derecho no sea tal o que acotemos las posibilidades de que esto pueda derivar en una catarata de juicios al Estado.

Este proyecto debería haber ido a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que esta se expida sobre la constitucionalidad del proyecto. Hace cinco meses que no se reúne la Comisión y de paso digo que tampoco fue a esa comisión el tratamiento de la resolución 125.

La propia jueza Carmen Argibay dijo que era muy probable que este asunto llegara al alto tribunal. ¿Pero por qué esta urgencia? ¿Esto era una promesa electoral de la presidenta? No. ¿Lo anunció en su discurso inaugural? No. ¿Lo anunció al abrir las sesiones ordinarias? No. Tampoco. Tenemos todo el derecho del mundo a suponer que lo que aquí se pretende hacer es tomar unos cuantos recursos para afrontar los compromisos que vienen.

Nosotros creemos que aquí había un plan A: la resolución 125 convertida en ley. Falló. Luego había un plan B: el pago al Club de Paris y el tema de los Hold Out para conseguir financiamiento externos: y viene el Plan C: apoderarse de los recursos de los jubilados.

Si esto estaba previsto, ¿para qué se planteó hace poco más de un año la posibilidad de elegir entre un sistema y otro?

No vamos a acompañar este proyecto aunque sí estamos dispuestos a sumarnos a un debate profundo sobre la reforma integral del sistema financiero. Estamos dispuestos a consensuarla, teniendo en cuenta un régimen previsional de reparto asistido, solidario, de base universal, banderas históricas del radicalismo. Pero no estamos dispuestos a avalar las ansias de captar recursos que tiene este gobierno. No estamos dispuestos a acompañar el avasallamiento de derechos que este Gobierno dice respetar.

Por su parte, la diputada Sandra Rioboo (UCR- Buenos Aires), remarcó: “Este gobierno convivió durante 5 años con este régimen que manejaba el mercado y ahora nos viene a decir que el mercado es insolidario. El mercado hace negocios, hace negocios infinitamente, sólo tiene que esperar los límites que le ponga el Estado. Y este Gobierno ni controló ni le puso límites al mercado. Este debate debería haber sido mucho más extenso. Faltó la discusión del mínimo vital y móvil, faltó la discusión de la movilidad, faltó analizar la posibilidad de estos derechos en expectativas, tendríamos que habernos puestos creativos y tal vez darles la posibilidad a aquellos aportantes que son voluntarios a que pudieran retirar sus depósitos. Y a aquellos otros que aportan obligatoriamente y sobre todo los más jóvenes también debiéramos habernos puesto creativos porque tienen por delante muchos años de incertidumbre. Para estos jóvenes podríamos haber discutido alguna forma de seguro, aunque tuvieran que resignar en pos del sistema de reparto asistido sus años de aporte.

Más adelante, el diputado Rubén Lanceta (UCR – Buenos Aires), agregó:

Se está rompiendo el pacto de confianza en Argentina. Y se rompe el pacto de confianza cuando los estándares institucionales son cada vez más bajos. La calidad institucional es cada vez más baja, y se medra la institucionalidad cuando se medra la constitucionalidad. El mejor programa de gobierno es observar y hacer observar la Constitución Nacional. La jubilación no es solamente la prestación que el Estado debe garantizar a un aportante por haber trabajado. La jubilación es la devolución de la sociedad a un individuo que llegó a la pasividad, sociedad que tiene el deber inexorable de prestarle para que mantenga un nivel de vida similar al que poseía al tiempo de dejar su vida activa.

La seguridad social entendida debidamente es mucho más amplia que lo que acá se discute.

Si este Gobierno tuviera realmente buenas intenciones, lo primero que debió proponer es que una persona de derecho público no estatal administrase los fondos de la seguridad social. Público no estatal con participación de los beneficiarios, los aportantes y también del Estado. En ese caso sí estaríamos tranquilos, porque los mismos interesados estarían administrando los fondos para que esta solidaridad intergeneracional realmente estuviera al servicio prestacional.

También advirtió que la Constitución Nacional es clara y que todo aquel funcionario que invierta excedentes de aportes previsionales más allá de lo que garantice la movilidad, que tiene rango constitucional y mandato judicial, estará cometiendo un delito. Y tendremos que denunciarlo penalmente si es necesario, porque los aportes previsionales no son tributos, tienen fines específicos.

El no respeto al esquema de la constitucionalidad de las leyes actuales y de las que estamos votando significará que vamos a llenar los tribunales federales de juicios contra el Estado Nacional. Y también las AFJP van a hacer su negocio, porque cuando le quiten el actual negocio desfilarán ante los tribunales internacionales donde también seremos condenados; y será el pueblo argentino todo el que deba pagar por ello.

Ya entrada la medianoche, la diputada |remarcó que la UCR ha sostenido históricamente al sistema de reparto como el sistema previsional solidario por excelente en la Argentina. La UCR fue también la que propuso y logró la sanción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que dice textualmente que el Estado nacional otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrán carácter de integral e irrenunciable.

El regreso a este sistema solidario representó una buena noticia para quienes siempre pertenecimos al mismo y resistimos en los 90 a las presiones por el cambio de sistema. En 2007 no tuvimos que optar, porque siempre optamos por lo mismo: el sistema solidario de reparto. El sistema de capitalización es una creación del peronismo de los ´90, apoyada por muchos diputados que siguen ocupando bancas o son funcionarios de este gobierno también peronista.

Con absoluta liviandad y prácticamente sin discusión el oficialismo va a votar por el sistema único de reparto, pero este apresuramiento no garantizará una transición ordenada. Es evidente que el principal objetivo es disponer de los fondos, que no son del Estado, sino de los trabajadores, que al final de su vida laboral tienen el derecho de acceder a una jubilación digna.

El radicalismo ha sostenido desde siempre al sistema solidario. El problema vuelve a ser el mismo que atraviesa desde el inicio la actual gestión: la política. Este gobierno se empecina en abordar los grandes temas de Estado con absoluta liviandad, sin buscar consensos mínimos e imponiendo con soberbia sus posiciones en una permanente apuesta a la división social.

Resulta evidente que el Gobierno carece de una política de seguridad social y que avanza con cambios estructurales parciales que no responden a un plan. Así fue positivo liberar la opción de los afiliados para adherir a uno u otro sistema, pero evidentemente la apuesta fue liquidar a uno de ellos y ante el fracaso del intento hoy se elimina sin más y sin tener en cuenta la opción que miles de argentinos hicieron hace menos de un año, manifestándose por uno u otro sistema.

Se avanzó fuertemente con la incorporación al sistema de personas que no llegan a los requisitos para jubilarse. Por supuesto que se adujeron razones solidarias, pero siempre los aportantes fue sobre quiénes recayó el peso de esta solidaridad. El apresuramiento electoralista no priorizó a sectores sociales incorporó a beneficiarios potenciales de hoy, desentendiéndose de los futuros jubilados.

Lo más grave es que ignoran que la universalización de la seguridad social requiere en forma paralela una profunda reforma y articulación impositiva para ser sustentable y redistributiva, so pena de convertirse rápidamente en un reparto de la misma bolsa entre muchas manos.

Es una buena noticia el regreso al sistema solidario de reparto. Lo que a esta altura es una pésima noticia es que en cuestión de horas se quiere legislar sobre algo tan esencial para un país como es esta modificación del sistema previsional.

El sistema previsional argentino no puede ser simplificado a una mera cuestión de caja, no puede reducirse exclusivamente a quien administra los fondos previsionales: si la AFJP o el Estado. En realidad, esta simplificación que hace el oficialismo está marcando con claridad el verdadero propósito del proyecto, que es apropiarse de los fondos de los jubilados.

Es tiempo para delinear un sistema de reparto estatal que tenga la virtud de perdurar, de dar previsibilidad a los argentinos, que sea capaz de administrar sus propios fondos y que reconozca una jubilación digna y una movilidad de los haberes que esté en función real del aumento de salarios y no el engendro matemático, incomprensible, que fue votado hace poco con el nombre de ley de movilidad previsional.

Por otra parte una visión progresista de la sociedad nos lleva hoy a superar la tradicional dualidad entre una asistencia social orientada a los más pobres, como paternalismo de Estado; y una seguridad social como derecho del trabajador. El desafío estriba en el desarrollo de una actualizada concepción de la seguridad social de carácter universal y fuertemente orientada hacia una mayor equidad.

Debemos tender a una seguridad social que englobe a todos, que sirva para consolidad en la diversidad una sociedad abierta y plural. Pero esta no es la situación que se plantea y por lo tanto no vamos a convalidad falsos progresismos. Este Gobierno no legisla para futuras generaciones sino para las próximas elecciones.

Luego, el diputado Carlos Urlich (UCR – Chaco) se refirió específicamente a lo que sucede en su provincia: “En 1993 cuando el arco peronista encabezado por Menem y Cavallo tenían el comando en la Argentina se pasaba al sistema de AFJP y esa época en que soplaban los vientos del neoliberalismo, nosotros desde la UCR manifestábamos nuestro acompañamiento al sistema público estatal de reparto. Fuimos y somos coherentes en los dichos y en los hechos.

Me cuesta entender a veces algunas actitudes conversas de algunos diputados que en una oportunidad defendían una cosa y en otra oportunidad todo lo contrario.

Votamos en contra porque creemos que esta es una política de Estado, una política estructural que hay que debatirla con tiempo, como en los países serios.

También hemos escuchado una clase magistral de instrucción cívica y de política por parte del diputado Morante, de la provincia del Chaco, quien es un trabajador de la política. Pero tiene algunas equivocaciones de acuerdo a mi criterio, porque me cuesta entender cómo el diputado Morante amalgama las mismas ideas con el Gobernador Capitanich, cuando el gobernador quería transferir el instituto de previsión social de la Nación, y lo está queriendo hacer hoy con un disfraz de un convenio de armonización para que los jubilados de la provincia del Chaco terminen perdiendo el 82 % móvil y terminen jubilándose a los 65 años porque armonizar quiere decir acordar con el proyecto o con el ANSES de la Nación.

Me cuesta creer como un defensor de los trabadores puede acompañar a un gobernador que ha prometido vender hasta la casa de Gobierno, que ha querido transferir las empresas del Estado, la empresa de Aguas, de Energía. Corrían los vientos neoliberales, entonces era menemista, era Caballista, luego era duhaldista y hoy es fundamentalista kirchnerista.

Me cuesta entender entonces esta capacidad e metamorfosis de algunos.

La provincia del Chaco no está en una panacea, como se intenta describir. En el Chaco se están muriendo los jubilados porque no tienen atención médica, porque ha cambiado el sistema prestacional hace algunos meses y no tienen atención médica. Por eso tenemos dudas con respecto a lo que piensa el Gobierno nacional, que dice que le preocupan los jubilados, que le preocupan los viejos. Yo me pregunto, si en el Chaco se han muerto hasta en la vereda del PAMI –hay denuncias hechas por los propios jubilados- y hoy nos intentan decir que vivimos en la panacea.

Hace 15 días estoy pidiendo una audiencia con la ministra de Salud, Graciela Ocaña, y ni siquiera levanta el teléfono para decirme que no me va a atender.

Espero que realmente les preocupe más la vida que la caja de los jubilados.

Ya entrada la medianoche, la diputada Silvia Storni (UCR – Córdoba), recordó que la UCR ha sostenido históricamente al sistema de reparto como el sistema previsional solidario por excelente en la Argentina. La UCR fue también la que propuso y logró la sanción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que dice textualmente que el Estado nacional otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrán carácter de integral e irrenunciable.

El regreso a este sistema solidario representó una buena noticia para quienes siempre pertenecimos al mismo y resistimos en los 90 a las presiones por el cambio de sistema. En 2007 no tuvimos que optar, porque siempre optamos por lo mismo: el sistema solidario de reparto. El sistema de capitalización es una creación del peronismo de los ´90, apoyada por muchos diputados que siguen ocupando bancas o son funcionarios de este gobierno también peronista.

Con absoluta liviandad y prácticamente sin discusión el oficialismo va a votar por el sistema único de reparto, pero este apresuramiento no garantizará una transición ordenada. Es evidente que el principal objetivo es disponer de los fondos, que no son del Estado, sino de los trabajadores, que al final de su vida laboral tienen el derecho de acceder a una jubilación digna.

El radicalismo ha sostenido desde siempre al sistema solidario. El problema vuelve a ser el mismo que atraviesa desde el inicio la actual gestión: la política. Este gobierno se empecina en abordar los grandes temas de Estado con absoluta liviandad, sin buscar consensos mínimos e imponiendo con soberbia sus posiciones en una permanente apuesta a la división social.

Resulta evidente que el Gobierno carece de una política de seguridad social y que avanza con cambios estructurales parciales que no responden a un plan. Así fue positivo liberar la opción de los afiliados para adherir a uno u otro sistema, pero evidentemente la apuesta fue liquidar a uno de ellos y ante el fracaso del intento hoy se elimina sin más y sin tener en cuenta la opción que miles de argentinos hicieron hace menos de un año, manifestándose por uno u otro sistema.

Se avanzó fuertemente con la incorporación al sistema de personas que no llegan a los requisitos para jubilarse. Por supuesto que se adujeron razones solidarias, pero siempre los aportantes fue sobre quiénes recayó el peso de esta solidaridad. El apresuramiento electoralista no priorizó a sectores sociales incorporó a beneficiarios potenciales de hoy, desentendiéndose de los futuros jubilados.

Lo más grave es que ignoran que la universalización de la seguridad social requiere en forma paralela una profunda reforma y articulación impositiva para ser sustentable y redistributiva, so pena de convertirse rápidamente en un reparto de la misma bolsa entre muchas manos.

Es una buena noticia el regreso al sistema solidario de reparto. Lo que a esta altura es una pésima noticia es que en cuestión de horas se quiere legislar sobre algo tan esencial para un país como es esta modificación del sistema previsional.

El sistema previsional argentino no puede ser simplificado a una mera cuestión de caja, no puede reducirse exclusivamente a quien administra los fondos previsionales: si la AFJP o el Estado. En realidad, esta simplificación que hace el oficialismo está marcando con claridad el verdadero propósito del proyecto, que es apropiarse de los fondos de los jubilados.

Es tiempo para delinear un sistema de reparto estatal que tenga la virtud de perdurar, de dar previsibilidad a los argentinos, que sea capaz de administrar sus propios fondos y que reconozca una jubilación digna y una movilidad de los haberes que esté en función real del aumento de salarios y no el engendro matemático, incomprensible, que fue votado hace poco con el nombre de ley de movilidad previsional.

Al comenzar la sesión, el titular del Bloque de la UCR, Oscar Aguad, planteó una cuestión de privilegio, exigiendo que temas de tanta envergadura no sean tratados en sesión especial: “Vengo a expresar el desagrado de este bloque contra lo que es una falta del cuerpo al reglamento. Desde principio de año hemos venido observando que los grandes temas que este país ha tratado en este parlamento este año, como el proyecto de retenciones agropecuarias, la transformación de Aerolíneas Argentinas, el presupuesto nacional, la movilidad jubilatoria y hoy este proyecto de reforma del sistema previsional, todos han sido hechos en sesiones especiales. Esto significa que estamos convirtiendo una excepción del reglamento en la regla, y significa que estamos cercenando el derecho de las minorías. Los siete días previstos en el reglamento desde que salió el despacho de comisión hasta que el cuerpo en sesión de tablas puede tratar el tema tiene que ver con el derecho de quienes no son miembros de la comisión puedan hacer observaciones al proyecto en cuestión. Y esas observaciones luego puedan ser llevadas al recinto y ese diputado tenga derecho a la palabra”, remarcó.

“La sesión especial es una sesión que tiene dos características: o por un hecho de mucha gravedad y de urgencias, o el derecho que le asiste a las minorías de tratar un tema en soledad, como hemos hecho muchas veces este año, tema que no tenemos la oportunidad de llevarlo al recinto porque no tenemos el número necesario. Es cierto que hay antecedentes y los antecedentes no son buenos, sean o no del partido al que pertenezco, lo que creo es que no debemos seguir repitiendo los errores. Debemos evitar que este cuerpo siga sesionando en sesiones especiales, que además no requieren para su tratamiento por una interpretación equivocada de los dos tercios.

“Quizás muchos no entiendan que el debate político tiene poco que ver con el debate parlamentario. Es un debate donde uno habla y a lo mejor otros escuchan o no. En el debate parlamentario, que es el que reclamamos, es donde uno habla, el otro escucha para mejorar una norma de convivencia que es la que sancionaremos en este recinto. Acá no se emite opinión, no se hacen comentarios, acá se dictan reglas de juego, con estas reglas convive la sociedad argentina. El debate parlamentario es necesario, hay que escuchar al otro para ver si la norma que se va a dictar puede o no ser mejorada. No hay que obviar el debate parlamentario y hay que evitar que el monarca se meta en nuestro reglamento. Es un respeto a nosotros mismos respetar los tiempos del reglamento. Lo que yo pido es que no matemos al reglamento”.