La herencia recibida por el nuevo gobierno constitucional es muy pesada. La Argentina es un país altamente dependiente de la entrada de capital extranjero: se financia, en gran medida, con endeudamiento externo el déficit fiscal, que llega a unos 7000 millones de dólares, y el de la balanza de pagos, que alcanza casi a 14.000 millones de dólares.
Esto, en el marco de una deuda externa que llega al 50% del PBI, con la consiguiente influencia sobre el riesgo país.
Frente a estos verdaderos desafíos, los neoliberales, olvidándose de la soberanía y de la imposibilidad que se crearía para nuestro país de realizar políticas económicas autónomas, han comenzado una campaña en sostén de la conveniencia y aun de la necesidad de producir la dolarización.
Los costos económicos y políticos de la dolarización son enormes, por lo que, en el mundo, creo que Panamá y Ecuador son los únicos países que adoptaron este sistema. La dolarización en la Argentina sería la primera en un país grande y nos convertiría en conejillo de Indias para otros intentos de Estados Unidos, que, según versiones, está pensando en los países de América Central.
Si bien la convertibilidad ya implicó renunciar al uso de la política monetaria y cambiaria, la dolarización es una renuncia a esos instrumentos sin posibilidad de reconsideración. Estamos atados a los designios cambiarios y monetarios de EE. UU.
Las consecuencias lógicas de la dolarización serían: mayor extranjerización de los bancos, ya que el papel del Banco Central para salir en defensa del sistema sería nulo; pérdida de los intereses por las reservas internacionales, lo que significaría una disminución de ingresos del orden de los 1500 millones de dólares anuales; creación de dificultades insuperables en el Mercosur y promoción del ALCA.
Sin embargo, el riesgo más grande de la dolarización sería el temor a un default que se generaría en los mercados. Las decisiones de los acreedores sobre financiar o no a la Argentina se convertirían en un arma de presión aún más poderosa para inducir políticas que no tenían en cuenta el interés nacional.
En este contexto, agravado por los efectos de una globalización insolidaria si no cambian las recetas del FMI, con el que obviamente es necesario negociar, pero sin olvidar los fracasos de las estrategias seguidas en México, los países asiáticos, Rusia y Brasil, que terminaron en explosiones devaluatorias, profundas recesiones económicas y quiebra de los sistemas financieros y bancarios, y se acentúan los efectos de aquella globalización insolidaria, es que se han tomado las medidas de reparación nacional que ha hecho conocer el Gobierno. Algunas de ellas resultan dolorosas, pero en su conjunto se advierte claramente una voluntad de crecimiento económico y social, compatible con un equilibrio fiscal.
El Gobierno ha entendido que el problema es doble: así como no hay democracia sin capacidad de decisión nacional, tampoco la hay si no existe una acción efectiva del Estado con relación a lo interno de nuestro país, orientada hacia políticas económicas y sociales por medio de una necesaria planificación. Todos sabemos que esa capacidad de control suele debilitarse y hasta perderse como consecuencia de intereses ajenos a los de las mayorías populares. Pero al convertirse una sociedad en víctima del egoísmo y a veces en cómplice involuntaria de un proceso no equitativo, la tensión así creada ha de volverse en definitiva contra los poderosos, agudizando los peligros para la paz interna e incluso para su propia subsistencia. En última instancia, cabría esperar que una derecha más lúcida actúe aunque sea egoístamente con una mayor prudencia racional.
Una vez más debo nsistir: la ruptura de esta dinámica es una tarea de todos, que nos exige buscar los caminos que nos lleven a una lógica de la sensatez, que procure consensos necesarios para concretar una real independencia, una auténtica libertad y una búsqueda tenaz de criterios de igualdad.
Para lograrlo, es imprescindible plasmar, en una convocatoria a la convergencia política, social y económica, un programa esencialmente transformador y emancipador, que supere los esquemas cerrados de quienes persisten en analizar la situación presente desde enfoques dogmáticos anclados en la dependencia.
