La UCR en el Senado presentó su rechazo al proyecto oficialista de Sistema Integrado Provisional Argentino, encomendando al Congreso el análisis, evaluación y propuesta de un reforma integral del sistema previsional, mediante la convocatoria a audiencias públicas con representantes de los diferentes actores sociales vinculados a la seguridad social, y en base a los siguientes puntos:
a) Los principios de universalidad y solidaridad, garantizando una prestación básica colectiva y un ingreso ciudadano para los hombres mayores de 65 años y las mujeres que superen los 60 años;
b) La protección de los recursos de la seguridad social;
c) Transparencia y control de la administración de los fondos del sistema;
d) Un haber previsional del 82% móvil;
e) Su sustentabilidad, asistida, de ser necesario, con aportes del Estado sin afectar fondos coparticipables de las provincias, desafectando el 15 % de la masa coparticipable neta destinada al sistema de seguridad social;
f) La redacción de un Código de Procedimientos de la Seguridad Social;
g) La creación de una persona de derecho público no estatal con autonomía funcional y financiera, a los fines de la administración del sistema previsional argentino y del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por decreto 897/07 o el que en el futuro lo reemplace;
h) La recuperación de la movilidad real de los haberes jubilatorios a través de la derogación de la Ley de Solidaridad Previsional, 24.463, y las leyes 24.241, 26.417, y sus modificatorias.
La indisponibilidad de los fondos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la República Argentina y de los fondos de las AFJP, promueven también los radicales quienes estipulan la protección de “los fondos económicos y financieros pertenecientes a dichos sistemas, preservando los mismos al objeto específico previsional de pago de beneficios existentes o a otorgarse en el plazo de los 180 días”.
Con el propósito de proteger sus recursos y destinarlos sólo a los fines provisionales, además, el radicalismo declara la transición provisional, “desde la sanción y hasta la reformulación integral del régimen previsional Argentino, en un plazo de 180 días”.
Respecto de Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto creado por Decreto N°897/07 y compuesto por el excedente del sistema una vez que se satisfaga la recomposición de los haberes jubilatorios, los senadores Gerardo Morales (Jujuy), Ernesto Sanz (Mendoza), Alfredo Martínez (Santa Cruz) y Roy Nickish (Chaco) prevén que “podrá aplicarse solamente a la constitución de depósitos a término, en moneda local en sistema financiero argentino y a la adquisición de letras y notas del BCRA denominados en pesos”.
“La composición del stock de activos de las AFJP no será modificada hasta tanto se apruebe el nuevo régimen provisional”, agregan en el dictamen.
Finalmente, buscando limitar los superpoderes los radicales señalan que “la administración de los fondos previsionales no integran el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional y no podrán ser objeto de las facultades conferidas por el artículo 37 de la Ley N° 24.156 al señor jefe de Gabinete de Ministros”.
Además, el bloque de la UCR incluye un anexo con ideas para el debate en profundidad sobre la necesaria reforma del Sistema Previsional, en base a las siguientes definiciones:
1) Régimen público de reparto asistido basado en el principio de solidaridad previsional.
2) Prestaciones financiadas con aportes, contribuciones e impuestos. Se destaca la movilidad de los haberes por variación salarial y su actualización por índice de salarios.
3) Garantía del Estado de otorgamiento y pago de prestaciones.
Para alcanzar los siguientes objetivos:
1) Política pública inclusiva que permanezca vigente por décadas;
2) Férreo control de los fondos de los trabajadores y jubilados: AGN y comisión bicameral con mayoría opositora; y régimen penal para funcionarios por mala administración/inversión de los recursos.
3) Garantía de transición del sistema actual.
Se propone, además, la creación de un Fondo Previsional Social (fiduciario) para el manejo de recursos de afectación específica y que con prohibición de compra de letra del Tesoro.
Se establece el reconocimiento de que los desvíos deben ser analizados cada 5 años, a efectos de mantener en funcionamiento adecuado y eficiente al sistema.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2008.-
