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Gobierno abierto y acceso a la información

Debemos estar habilitados a informarnos sobre la administración pública. Esta es la mejor forma de transparentar la gestión. Así se fomentan el diálogo y la participación ciudadana como contralor y como actor en la vida ública. Es también una manera de que los gobiernos rindan cuentas.

Todos podemos sospechar que si un gobierno no quiere dar información es que tiene algo que esconder. El derecho al acceso a la información pública consiste en que los ciudadanos dispongan de la información necesaria para una participación real y responsable en los asuntos públicos. Asimismo como el derecho a la libertad de expresión pierde su fuerza si no existe la posibilidad de informarse.

Aplicarlo  va a permitir que todas las personas tengan acceso fácilmente a toda la información pública. Desde un municipio hasta el cargo más alto, pasando por todos los organismos y empresas del Estado, por todos los funcionarios y legisladores; por todos los programas, compras y ventas, intermediarios, sueldos, concursos, contrataciones, tiempos, deberán estar al alcance de una seguidilla de clics para cualquier persona.

Desde hace varias décadas se reconoce como un derecho el acceso a la información pùblica en declaraciones y tratados: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que cuentan con jerarquía constitucional. El derecho al acceso a la información pública fue incorporado a la Constitución argentina a partir de la reforma de 1994.