El Dr. Alfonsín, que durante su campaña electoral denunció el “pacto sindical-militar” que habrían mantenido los gremialistas con el gobierno de facto, tenía la intención de un cambio profundo en las organizaciones sindicales hegemonizadas mayoritariamente por el peronismo.

El proyecto de ley buscaba incluir a las minorías en las cúpulas sindicales, renovar la totalidad de los cargos, garantizar las elecciones a través de la intervención de la Justicia Nacional Electoral, separar los fondos de las obras sociales de los fondos sindicales específicos y permitir la creación de nuevas uniones u organizaciones gremiales.

El 15 de febrero el Senado comenzó a tratar el proyecto en comisiones y un mes más tarde llegó el momento de la votación en el recinto y el legislador Elías Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, sorprendió a todos. Muy pocos sabían que su voto sería contrario a la ley, incluso hasta el presidente del bloque del Partido Justicialista (Vicente Saadi) desconocía esa postura.

Finalmente, la ley no fue sancionada echando por tierra el viejo anhelo del radicalismo de la democratización de los sindicatos.